Madrid llevará al Constitucional el intento de limitar su autonomía fiscal

Ayuso no se opone a las horquillas impositivas a las que se refirió Feijoo, pero sí a que se impidan las bonificaciones


MADRID | LA VOZ

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo dejó claro tras conocerse el acuerdo del Ejecutivo y ERC de cara a una armonización fiscal que impida a la región mantener su modelo de tributación baja: «Seré la peor pesadilla de quien toque el bolsillo al contribuyente madrileño».

La advertencia de Ayuso, a la que el diario francés Le Figaro ha bautizado como la nueva musa de la derecha, se materializará en que recurrirá al Tribunal Constitucional si la nivelación impositiva prometida por el Gobierno a los independentistas catalanes limita la autonomía fiscal de la comunidad.

Así lo avanzó El Mundo, citando fuentes del Ejecutivo madrileño, que apuntan que esa será la vía «de defensa» frente a lo que consideran el último ataque a la comunidad. Aseveran que recurrirán al Constitucional si, una vez que se concreten los cambios fiscales —la pretensión de Hacienda es abordarlos aprovechando la reforma del sistema de financiación autonómica, una vez se aprueben los Presupuestos—, estos limitan la capacidad normativa de Madrid y se traducen en una subida de impuestos.

Concretamente, los tributos que están en el punto de mira son los que gravan el patrimonio y las herencias, ya que la comunidad aplica una bonificación del 100 % sobre el primero y del 99 % sobre el segundo, lo que en la práctica, neutraliza dichos impuestos. Galicia, por ejemplo, acaba de elevar a un millón de euros por heredero la exención para tributar por sucesiones, mientras que en patrimonio aplica la norma básica estatal: 700.000 euros exentos y una tarifa de entre el 0,20 y el 2,5 % en función de la base liquidable.

El caso es que la política de baja presión tributaria aplicada en Madrid, que arrancó con la presidencia de Esperanza Aguirre, ha convertido a la comunidad en blanco de las críticas de otros territorios que, como Cataluña, haciendo uso de su capacidad normativa en materia fiscal, han optado por el camino opuesto. De hecho, el Gobierno catalán subió el impuesto de sucesiones el pasado mayo, en plena pandemia.

Franja de máximos y mínimos

El jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, abogó por una armonización fiscal «a la baja», poniendo también sobre la mesa la conveniencia de establecer «una horquilla de máximos y mínimos» en la que las comunidades puedan modular los tributos.

A esta propuesta no se opone el Ejecutivo madrileño, poniendo como «buen ejemplo» de armonización el tramo regional del IRPF, que Ayuso aplica en sus tipos mínimos. Lo que rechaza frontalmente es que, en el ejercicio de su autonomía fiscal, se le impidan las bonificaciones. Esgrimen el artículo 165 de la Constitución, que consagra la «autonomía financiera» de las comunidades para el «desarrollo y ejecución de sus competencias».

La vía de los tribunales a la que Madrid tiene intención de recurrir correría pareja a la de la oposición política. El líder del PP, Pablo Casado, que calificó a Cataluña de «infierno fiscal» después de que ERC se refiriera a Madrid como «paraíso fiscal» y la acusara de practicar dumpin tributario, anunció que dará la «batalla» para frenar en el Parlamento cualquier reforma contra la comunidad, convertida en ariete político contra el Gobierno de coalición.

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