Un gallego pagaría entre 1.600 y 32.000 euros más por heredar si se igualan los impuestos

La espita la abrió una enmienda presentada por Esquerra Republicana de Catalunya a los Presupuestos del año que viene, en la que el grupo independentista reclama al Gobierno que se fije un tipo mínimo estatal del impuesto de patrimonio. Un cambio legal que permitiría que el Estado recaudase los más de 600 millones de euros que Madrid deja de ingresar cada año por su decisión de bonificar totalmente la cuota del gravamen a las grandes fortunas.

De momento, es lo único cierto que hay sobre la mesa, aunque se da por hecho que es un primer paso en un proceso de armonización fiscal defendido en los últimos meses desde el Ejecutivo y que podría acabar conllevando cambios en otros tributos, como el de sucesiones o incluso el IRPF. Claro que los efectos no serían ni mucho menos los mismos según qué impuesto se toque. A continuación, algunas claves.

Impuesto de sucesiones

Adiós a la exención total para familiares directos. Es, quizá, el más impopular de los impuestos. Por eso, son numerosos los Gobiernos autónomos que en los últimos años han relajado sensiblemente la fiscalidad de las herencias. Entre ellos, el gallego, que en este 2020 elevó a un millón de euros el importe exento de tributación por heredero. Así, en el ejemplo que usa para su informe anual el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre o madre por valor de 800.000 euros, entre ellos la vivienda habitual del fallecido (tasada en 200.000), la factura fiscal por impuesto de sucesiones en Galicia sería de cero euros. Solo otras dos comunidades, Andalucía y Cantabria, dejarían también exento ese legado. A partir de ahí, una jungla de tipos, reducciones y bonificaciones que hacen que, en el mismo supuesto, la cuota a ingresar pase de los menos de 1.600 euros de Madrid y Extremadura a los más de 103.000 que debería pagar un asturiano en esa situación.

De abordarse un proceso de armonización fiscal que establezca un tipo mínimo de tributación, la inmensa mayoría de los gallegos, aun con herencias mucho más modestas, saldrían perjudicados. En el caso expuesto antes, el sobrecoste se podría mover en una horquilla de entre 1.600 y 32.000 euros, en función de si se opta por fijar un mínimo muy reducido o se va a la media, que marcan comunidades como Castilla-La Mancha o Canarias, muy alineadas con la fiscalidad básica estatal.

Impuesto de patrimonio

SIn cambios en Galicia. Controvertido también es el impuesto de patrimonio, que España mantiene a contracorriente de la tendencia general en Europa. Pero en este caso, la propuesta de ERC no tendría efecto alguno sobre el bolsillo de los contribuyentes gallegos. Y es que lo que pretenden los soberanistas catalanes es que se fije una cuota estatal para este tributo, que se calcularía aplicando el mínimo exento y la escala de tipos definidos en la normativa básica del impuesto. Si esta cantidad es superior a la que resulta de aplicar la normativa autonómica, el contribuyente deberá abonar la diferencia. Pero Galicia aplica las escalas y exenciones generales, por lo que la factura se mantendría inalterada (para un patrimonio de 800.000 euros, excluida la vivienda habitual de 300.000, la cuota está en 200 euros y así seguiría de aplicare la propuesta de ERC). Pero los grandes patrimonios madrileños y riojanos, a los que sí se bonifica el impuesto, se verían perjudicados.

Impuesto sobre la renta

Las rentas medias y altas pagarían menos en la declaración. El proceso contrario al aplicado en sucesiones se da en el IRPF, donde las comunidades sí han exprimido su capacidad normativa y lo han hecho generalmente al alza. De esta forma, si se armonizase el impuesto sobre la renta y se aplicase sin modificaciones sobre los tramos y la escala estatal (como lo hace Castilla-La Mancha), muchos contribuyentes gallegos verían rebajada su factura final en la declaración. De acuerdo a los cálculos realizados por el REAF, solo aquellos con rentas medias-bajas, en el entorno de los 20.000 euros, saldrían perdiendo, a razón de 10,7 euros más de gravamen al año. Por encima de esa cifra, modificar el actual diseño del impuesto en Galicia para adecuarlo a lo previsto en la ley estatal permitiría ahorrar entre 10 euros, en el caso de rentas de 30.000 euros, y más de 415 euros al año, para aquellos que superan los 70.000.

El PP declara la guerra a la armonización fiscal de Sánchez

Luís Pousa

Después de ver a un magnate inmobiliario reconvertido en presidente de Estados Unidos defendiendo el proteccionismo y, en frente, al líder comunista de China reivindicando la libertad de mercado, creíamos haber alcanzado el límite del asombro en lo económico. Pero siempre hay quien sube la apuesta. Y en España asistimos estos días a una curiosa polémica en la que un partido separatista catalán (ERC) exige al PSOE que acabe desde el Gobierno central con el margen de maniobra de las comunidades para subir, bajar o eliminar los impuestos autonómicos. En la diana está Madrid, a la que el líder de Esquerra, Pere Aragonès, acusó este viernes de practicar «competencia desleal».

En su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos, el PSOE se ha comprometido con ERC a poner coto a estas rebajas de impuestos en busca de lo que ha bautizado como «armonización fiscal». El PP considera esta medida una declaración de guerra a las autonomías donde gobierna. Pablo Casado anunció ayer desde Barcelona que darán la batalla en todos los frentes. «Es ilegal e inconstitucional», alertó el presidente del PP, que quiso oponer el sistema tributario madrileño al «infierno fiscal» que, a su juicio, padecen los catalanes por los excesos del independentismo.

También habló desde Cataluña la principal aludida por la propuesta de ERC. Isabel Díaz Ayuso respondió directamente al portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre las acusaciones de que la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal que capta empresas e inversiones gracias al dumping. «Rufián tiene razón. Madrid es un paraíso. Pero de libertad y de respeto a los ciudadanos, y no de imposición política», rebatió Ayuso.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, recalcó que Madrid juega «dopada» y que actúa «como unha especie de paraíso fiscal». Pontón se situó, sin embargo, más allá de la armonización fiscal y apostó por liquidar un modelo de financiación «que discrimina a Galiza» para dar paso a un sistema en el que la comunidad asuma el control del 100 % de sus ingresos y pueda aplicar «unha fiscalidade xusta».

Montoro niega haber defendido una homogeneización

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro salió ayer al paso de las voces que aseguran que fue él quien abrió el melón de la armonización fiscal que ahora ERC negocia con el Gobierno. Montoro asegura que lo único que hizo fue reunir un grupo de expertos para abordar una reforma en la financiación autonómica. Y, aunque reconoce que en ese debate sí surgió el asunto, no fue él quien lo sacó: «Nunca hablé de armonización. Las autonomías deben tener un mayor grado de responsabilidad fiscal», dijo a El Independiente.