Las comunidades se juegan 53.000 millones al año en la armonización fiscal

La brecha en patrimonio y sucesiones reabre la guerra de la autonomía tributaria. El País Vasco y Navarra, el modelo privilegiado de la financiación foral


MADRID / LA VOZ

Aunque en las últimas 48 horas la guerra política abierta a cuenta de la benevolencia fiscal de Madrid se ha recrudecido, las acusaciones a la comunidad de practicar el dumpin tributario o incluso de ser un paraíso fiscal dentro de España no son nuevas. Llevan años sucediéndose por parte de territorios que, como Cataluña o Andalucía -en su etapa de Gobierno socialista en solitario- criticaban el uso de las competencias normativas para bajar impuestos. Otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, también aplicaron la misma receta fiscal que Madrid, defendiendo que las rebajas recaudan más, y no menos, al estimular la economía.

El anuncio del compromiso del Ejecutivo central con ERC para acometer una armonización fiscal que acabe con una brecha que consideran competencia desleal entre comunidades, especialmente a cuenta de impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, pone en cuarentena el futuro de 53.000 millones de euros anuales. Esa es la recaudación total de las autonomías por los tributos cedidos y sobre los que tienen competencia normativa: IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El dato corresponde al año 2017 (último disponible), recogido en el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020, que elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas (CGE), y que es una suerte de vademécum tributario del país.

 Antes de abordar los impuestos que han sembrado la discordia, es preciso recordar que las autonomías tienen cedida -además de toda o parte de la recaudación- la capacidad legislativa sobre algunos tributos y, en ocasiones, también su gestión.

Así, en el caso del IRPF, el Estado cede el 50 % de la recaudación a los territorios, que pueden subir o bajar el tipo y aplicar toda clase de deducciones en su tramo. Por el impuesto sobre la renta, en el 2017 las comunidades ingresaron 40.152 millones de euros (el 33,8 % del total de la recaudación autonómica) que, comparados con los 23.269 del 2007, suponen un incremento del 72,5 %.

Sin embargo, los impuestos más cuestionados, es decir, los que gravan el patrimonio y las herencias y las donaciones, experimentaron una caída recaudatoria en el mismo período, de casi el 37 y el 10,21 % respectivamente. Las comunidades, que tienen competencia sobre ambos, ingresaron por patrimonio 1.267 millones y otros 2.572 por sucesiones en el 2017. 

La brecha territorial

Y es que, tal y como refleja el gráfico adjunto, los recursos que ambos impuestos suponen para las arcas autonómicas difieren notablemente en función de la mayor o menor presión fiscal que cada comunidad decida aplicar a sus contribuyentes. Cataluña encabeza el ránking en ambos casos (también es el territorio con la tarifa más elevada del IRPF y el que mayor número de tributos propios tiene, 18 frente a los tres madrileños). Por su parte, Madrid es la única comunidad con el impuesto de patrimonio bonificado al 100 % -única también con recaudación en negativo-, lo que neutraliza el tributo que el Gobierno del PP recuperó temporalmente en la última crisis, pero que aún resiste.

En lo que respecta a Galicia, tanto en el 2016 como este mismo año aprobó importantes rebajas en sucesiones que, en la práctica, hacen que el 99,9 % de los gallegos no paguen por heredar de un familiar directo.

En cualquier caso, pese al ruido que la armonización fiscal ha levantado, patrimonio y sucesiones suponen poco más del 3 % de la recaudación autonómica, que lideran IRPF e IVA (el 62 %).

Un informe de expertos encargado por Montoro en el 2017 ya defendía establecer topes

Durante la presentación de la última entrega de su estudio sobre la fiscalidad autonómica y foral, en marzo, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) reclamaba poner «orden» en la «jungla» de los tributos. Aunque el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, se refería en especial a la maraña de impuestos propios de las comunidades -un listado cada vez más denso, pero con poco músculo recaudatorio-, los expertos también pedían ampliar el foco y, aprovechando la necesaria reforma de la financiación autonómica, «armonizar» la fiscalidad que se aplica en los distintos territorios, para que la competencia sea «transparente» y no complique a los contribuyentes.

Tal armonización, que acaba de saltar a la actualidad política de la mano de ERC y su pacto con el Ejecutivo de Sánchez, ya la defendía también el informe del comité de expertos al que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó en el 2017 plantear las bases para revisar el actual modelo de fiscalidad autonómico.

«Sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente a los comunidades», señalaban, recomendando para ello «restringir la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota», además de estudiar paralelamente la posibilidad de «introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales».

Aunque entonces el Ejecutivo de Rajoy decidió no abrir el melón de la reforma del sistema de financiación, la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, pretende abordarlo a principios del próximo año, una vez aprobados los Presupuestos. Y la armonización fiscal parece que esta vez sí estará sobre la mesa.

País Vasco y Navarra, el modelo privilegiado de la financiación foral

A. BALSEIRO

ERC focaliza su exigencia de armonización fiscal en Madrid pero no cuestiona el cupo vasco

La caja de los truenos que ha abierto el acuerdo del Gobierno con ERC a cuenta de la armonización fiscal no parece que vaya a afectar a todas las comunidades, sino solo a las de régimen común. Es decir, que el País Vasco y Navarra mantendrán sin cambios sus sistemas de financiación propios y a la carta, como este jueves afeaba el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, cuestionando el mantenimiento de los privilegios del concierto vasco y el convenio navarro e instando al Ejecutivo a acabar con tales diferencias, que se sustentan en razones históricas, ya que se remontan a 1878, cuando los territorios forales -hasta entonces exentos- comenzaron a contribuir a la caja común.

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