Las comunidades se juegan 53.000 millones al año en la armonización fiscal

Ana Balseiro
ANA BALSEIRO MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

PACO RODRÍGUEZ

La brecha en patrimonio y sucesiones reabre la guerra de la autonomía tributaria. El País Vasco y Navarra, el modelo privilegiado de la financiación foral

27 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Aunque en las últimas 48 horas la guerra política abierta a cuenta de la benevolencia fiscal de Madrid se ha recrudecido, las acusaciones a la comunidad de practicar el dumpin tributario o incluso de ser un paraíso fiscal dentro de España no son nuevas. Llevan años sucediéndose por parte de territorios que, como Cataluña o Andalucía -en su etapa de Gobierno socialista en solitario- criticaban el uso de las competencias normativas para bajar impuestos. Otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, también aplicaron la misma receta fiscal que Madrid, defendiendo que las rebajas recaudan más, y no menos, al estimular la economía.

El anuncio del compromiso del Ejecutivo central con ERC para acometer una armonización fiscal que acabe con una brecha que consideran competencia desleal entre comunidades, especialmente a cuenta de impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, pone en cuarentena el futuro de 53.000 millones de euros anuales. Esa es la recaudación total de las autonomías por los tributos cedidos y sobre los que tienen competencia normativa: IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El dato corresponde al año 2017 (último disponible), recogido en el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020, que elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas (CGE), y que es una suerte de vademécum tributario del país.

 Antes de abordar los impuestos que han sembrado la discordia, es preciso recordar que las autonomías tienen cedida -además de toda o parte de la recaudación- la capacidad legislativa sobre algunos tributos y, en ocasiones, también su gestión.

Así, en el caso del IRPF, el Estado cede el 50 % de la recaudación a los territorios, que pueden subir o bajar el tipo y aplicar toda clase de deducciones en su tramo. Por el impuesto sobre la renta, en el 2017 las comunidades ingresaron 40.152 millones de euros (el 33,8 % del total de la recaudación autonómica) que, comparados con los 23.269 del 2007, suponen un incremento del 72,5 %.

Sin embargo, los impuestos más cuestionados, es decir, los que gravan el patrimonio y las herencias y las donaciones, experimentaron una caída recaudatoria en el mismo período, de casi el 37 y el 10,21 % respectivamente. Las comunidades, que tienen competencia sobre ambos, ingresaron por patrimonio 1.267 millones y otros 2.572 por sucesiones en el 2017. 

La brecha territorial

Y es que, tal y como refleja el gráfico adjunto, los recursos que ambos impuestos suponen para las arcas autonómicas difieren notablemente en función de la mayor o menor presión fiscal que cada comunidad decida aplicar a sus contribuyentes. Cataluña encabeza el ránking en ambos casos (también es el territorio con la tarifa más elevada del IRPF y el que mayor número de tributos propios tiene, 18 frente a los tres madrileños). Por su parte, Madrid es la única comunidad con el impuesto de patrimonio bonificado al 100 % -única también con recaudación en negativo-, lo que neutraliza el tributo que el Gobierno del PP recuperó temporalmente en la última crisis, pero que aún resiste.

En lo que respecta a Galicia, tanto en el 2016 como este mismo año aprobó importantes rebajas en sucesiones que, en la práctica, hacen que el 99,9 % de los gallegos no paguen por heredar de un familiar directo.