La decisión hace peligrar el salvavidas financiero de países como España e Italia en plena crisis
05 may 2020 . Actualizado a las 16:49 h.Primero obstruyeron la emisión de eurobonos, después se negaron a hacer transferencias presupuestarias para ayudar a los países más afectados por la crisis y ahora el Constitucional alemán ha decidido dinamitar el programa de compra de deuda pública (PSPP) que el Banco Central Europeo (BCE) echó a rodar en marzo del 2015 para sacar a las economías del euro de la depresión.
La institución considera que el bazoca de 2,1 billones de euros con el que Mario Draghi reflotó a las economías más deprimidas del euro, como la española, violó el principio de «proporcionalidad» al no tener en cuenta los efectos perjudiciales que su uso podría tener a largo plazo para los intereses de los ahorradores y bancos alemanes, afectados por los bajos tipos de interés en la eurozona. Los jueces han acusado a las autoridades alemanas de no haber hecho nada para frenar al BCE, que se habría sobrepasado en sus competencias. De esta forma, la institución le da la razón a los denunciantes, entre ellos el fundador del partido ultraderechista AfD (Bernd Lucke).
El PSPP se puso en marcha para aliviar la carga de la deuda a los países con más dificultades para financiarse. España acumulaba a sus espaldas una deuda del 100,5 % tras sobrevivir a una crisis inducida por el acoso de los mercados y una deficiente gestión del anterior presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, quien subió los tipos en pleno estrangulamiento del crédito, ahogando a las economías más vulnerables del euro.
Draghi trató de allanar el terreno para la recuperación insuflando un potente revulsivo económico sin saltarse la prohibición de monetizar el déficit de los países más débiles. La estrategia dio resultados y España recuperó la senda del crecimiento.
En Alemania se multiplicó la presión sobre el Consejo de gobierno del BCE y sobre el propio Ejecutivo alemán por no parar los pies a Draghi. Acusaron al organismo de falta de independencia. Las acusaciones terminaron en denuncias ante la justicia alemana que en el 2017 acabó dirigiéndose al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronunciara sobre la legalidad del programa de compras de deuda. La respuesta llegó en diciembre del 2018 en forma de aval al BCE: es legal.
Tres meses para tumbarlo
La decisión no gustó a muchos en Berlín. El propio gobernador del Bundesbank, Jens Weidmann, se mostró especialmente belicoso con la política expansiva y de bajos tipos de interés de Fráncfort. A pesar del pronunciamiento de la Justicia europea, el Constitucional alemán decidió esta mañana ignorar su decisión y enmendar la sentencia de tal forma que el Bundesbank no podrá seguir participando en el programa de compras a menos que se demuestre que sus beneficios han superado los perjuicios que ha ocasionado: «Siguiendo un período de transición de no más de tres meses el Bundesbank no podrá seguir participando en la puesta en marcha y ejecución de las decisiones del BCE en este asunto a no ser que el Consejo de gobierno del BCE adopte una nueva decisión que demuestre de una manera comprensible y sustanciada que los objetivos de la política monetaria que persigue el PSPP no son desproporcionados en relación a los efectos económicos y fiscales que resultan del programa», reza la sentencia.
La justicia alemana no solo pone en peligro las compras de deuda mensuales (20.000 millones de euros), ampliadas a 120.000 millones hasta finales del 2020. También abre la puerta a paralizar el recién alumbrado Programa de Compra de Emergencia para la Pandemia (PEPP) por 750.000 millones de euros, ese salvavidas de emergencia lanzado por la presidenta del BCE, Christina Lagarde, para evitar una debacle económica en la eurozona. El programa se ha diseñado con un margen de flexibilidad mucho más amplio que el PSPP así que podría verse en el alambre si surgen nuevas denuncias. El impacto puede ser demoledor. Ante la falta de respuesta y solidaridad entre países de la UE, la intervención del BCE ha conseguido salvar los muebles del euro, pero una vez más, Alemania amenaza con atarle de pies y manos.
Riesgo para la estabilidad del euro
La decisión del Constitucional alemán fue jaleada por el equipo económico de la CDU, el partido de la canciller Angela Merkel: «El BCE no tiene mandato ni legitimidad democrática para hacer de la UE una unión de deudas», subrayaron antes de exigir otro «test de legitimidad democrática» a otros programas en curso como las compras vinculadas a la pandemia.
La actitud desfiante de los alemanes tiene como objetivo ejercer un mayor control nacional sobre las maniobras del BCE desacreditando al organismo por su supuesta falta de independencia. Para ello, el Constitucional alemán se arroga el derecho de establecer por su cuenta cuál es la frontera entre la política monetaria (competencia del BCE) y la política económica (competencia de los Estados), obviando que todas las decisiones de Fráncfort se tomaron cumpliendo escrupulosamente con la letra pequeña de su mandato.
Este ataque frontal a las instituciones del euro pone en riesgo la estabilidad de la moneda única al cuestionar el mantra de que el BCE «hará todo lo que sea necesario» para garantizar su supervivencia. La amenaza jurídica de los alemanes anticipa problemas. Si conduce a un enfrentamiento con el BCE o a un replanteamiento del programa de compras de la pandemia, los mercados actuarán como lo hicieron en el pasado: acosando a las economías más vulnerables del euro. Por no hablar de la incertidumbre que abre sobre el futuro del programa de compra de bonos vinculados a la pandemia (PEPP), vital para evitar un cataclismo de proporciones bíblicas en economías como la española, incapaz de entrar al ruedo de los mercados a financiarse sin el apoyo del BCE.