La Audiencia Nacional abre juicio oral a la mujer y a los hijos del expresidente de Pescanova

Están acusados de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El macrojuicio arranca el próximo lunes


Efe

El macrojuicio que determinará las responsabilidades por la quiebra de Pescanova arrancará el próximo lunes 2 de diciembre. Y lo hará sentando en el banquillo a una veintena de exconsejeros y exdirectivos de la multinacional pesquera, que solicitó el concurso en el 2013 con un pasivo superior a los 3.500 millones de euros.

El principal investigado será el expresidente de la empresa, Manuel Fernández de Sousa. Pero no será el único de la familia que tendrá que declarar. Porque la Audiencia Nacional anunciaba ayer su decisión de abrir juicio oral contra la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova, a quienes reclama más de 14,2 millones de euros de fianza y acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El auto precisa que los tres ocultaron a Hacienda la existencia de cuentas en Andorra, que salieron a la luz tras una comisión rogatoria pedida en el 2016 a las autoridades andorranasen el marco de la instrucción del llamado «caso Pescanova».

Este último proceso está previsto que arranque el próximo 2 de diciembre, con Manuel Fernández de Sousa y el resto de la cúpula directiva en el banquillo, acusados de ocho delitos por maquillar las cuentas de la empresa para ocultar millonarias deudas y estafar así a inversores y clientes.

El documento recuerda que la fianza exigida a su mujer, Rosario Andrade, y a sus hijos Pablo Javier Fernández Hernández -a su vez exdirector general de Pescanova- e Ignacio José Fernández Andrade tiene por objetivo «asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes» al término del juicio.

Nueve de los 14,2 millones estipulados se corresponden con las multas impuestas, ya que se ha fijado una sanción de tres millones para cada uno. Según la investigación, los tres realizaron diferentes ingresos desde 2009 en el banco Andbank que no declararon a la Hacienda pública.

El documento detalla, no obstante, que «se desconoce el origen último de los fondos con los que se alimentaron de forma aparentemente unificada tales cuentas entre los años 2010 y 2012».

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