El BBVA, de perjudicado a investigado

El BBVA presentó en mayo un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional solicitando personarse como perjudicado directo ?por tanto, acusación? en el caso que investiga el espionaje masivo presuntamente encargado por el propio banco al excomisario José Manuel Villarejo en el 2004, siendo presidente Francisco González, para frenar el asalto de la constructora Sacyr al consejo de administración. El juez Manuel García-Castellón no se ha pronunciado aún sobre tal pretensión, pero la Fiscalía Anticorrupción lo hizo este miércoles no solo en sentido contrario, sino pidiendo al instructor la imputación del banco ?como persona jurídica? en la causa, por su responsabilidad penal por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

De acceder el juez, como todo apunta que hará, el BBVA se sumará al grupo de bancos que, como Bankia, CaixaBank o Santander (imputado y desimputado en el caso del Popular), han acabado ante los tribunales como presuntos responsables de hechos delictivos, algo que posibilitó la reforma del Código Penal del 2010, al extender tal responsabilidad a las personas jurídicas, más allá de los administradores.

Según la investigación, el BBVA contrató a la empresa Cenyt, propiedad del excomisario Villarejo (actualmente en prisión preventiva), para abortar el intento de Sacyr de tomar el control del banco. Cenyt, cuya relación con la entidad duró más de una década, espió 15.000 llamadas de exministros, empresarios y periodistas, que es lo que investiga la Audiencia en la novena pieza separada del caso Tándem, conocido como caso Villarejo.

La Fiscalía explicó ayer en una nota que el análisis de la documentación acredita que «la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectaron a áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período».

Cohecho y corrupción

Dichas contrataciones habrían tenido por objeto el desarrollo de «múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial grupo Cenyt con la condición de funcionario policial en activo de José Manuel Villarejo (delito de cohecho activo), y que, además, en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos», añade Anticorrupción.

Además, alguno de los directivos «habría percibido dádivas del entorno de Cenyt por facilitar tales contrataciones (delito de corrupción en los negocios)».

La solicitud de imputación del banco, que se enfrenta a abultadas sanciones, se suma a las recientes imputaciones del exconsejero delegado de la entidad, Ángel Cano, y de otros ocho altos cargos pasados y actuales, entre ellos, el exresponsable de seguridad, Julio Corrochano, que actuó de enlace con Villarejo.

El BBVA emitió ayer un comunicado reiterando su «firme compromiso» con el esclarecimiento de los hechos. «Continuaremos colaborando activamente con la justicia», señaló el presidente, Carlos Torres. El banco subrayó que ha compartido con la Justicia los «hallazgos relevantes» de la investigación forensic encargada hace seis meses, pero que no puede difundirlos para no interferir en la instrucción.