Desde la Confederación Española de Pesca aseguran que la obligación es «imposible» de cumplir
13 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Si hasta ahora había alguna duda sobre el alcance de la obligatoriedad del fichaje horario en algunas ocupaciones profesionales con particularidades, el Gobierno lo ha dejado claro. No habrá excepciones ni en alta mar. El Gobierno confirmó este miércoles que la pesca queda incluida en la ley de registro de la jornada laboral. Tanto la de bajura como la de altura. Vamos, que los tornos tendrán que hacerse hueco, de algún modo, en Gran Sol o en aguas de Mauritania o Terranova.
Durante un encuentro informativo en Madrid, el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, aseguró que es «imposible» cumplir con esta obligación, porque «la vida en el mar es diferente a la que se desarrolla en tierra». Garat considera que «es una barbaridad» aplicar ese criterio a un barco que puede estar «más de un mes» en alta mar y «donde cada día es un horario» diferente, explicó. Los armadores ya han elaborado un escrito y están a la espera de que la Federación Nacional de Cofradías le dé el visto bueno para remitirlo a la Secretaría de Empleo y a la Dirección General de Trabajo con el objetivo de intentar buscar una solución.
Curiosamente, fue la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la que en su día comunicó al sector pesquero que quedaba fuera del obligado cumplimiento de esta normativa.
La pesca no es la única profesión singular que deberá atenerse a la ley. También están obligados a realizar un control diario del inicio y final de su jornada laboral los llamados trabajadores móviles (por ejemplo, comerciales o teletrabajadores), los miembros de la marina mercante y aquellos que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el transporte ferroviario.
¿Quién controla el control?
¿Quién vigila el cumplimiento del control del registro horario? Pues poca gente, y mayor. Primer mes en vigor y resulta que los que se encargan de que se cumpla la norma están bajo mínimos en cuestión de plantillas. Es lo que denuncia el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Pocos efectivos, y los que hay, envejecidos. El 66 % de los inspectores y el 75 % de los subinspectores tienen más de 40 años y el 12 % en ambas categorías superan los 60.
Al inexorable paso del tiempo se añade, denuncia el sindicato, que no se están cubriendo las plazas en el mismo porcentaje que se producen las jubilaciones. Al cierre del 2017, el cuerpo estaba formado por 1.789 empleados con funciones inspectoras, nueve personas menos que ocho años atrás. En las ofertas públicas de empleo de los siete últimos años se convocaron 512 plazas, de las que solo se cubrieron 378. La ratio ha pasado de veinte aspirantes por plaza a solo 4,5 en la última convocatoria, pese a haberse duplicado el número habitual de plazas.
El porqué de este escaso interés hay que buscarlo, según la presidenta del sindicato, Ana Ercoreca, en un abultado temario, un alto nivel de exigencia -comparable al de otros cuerpos de la Administración, como el de inspectores de Hacienda o la Judicatura- y en que resulta poco «atractivo» por las «deficientes» condiciones laborales del colectivo: «excesivo» peso del complemento de productividad en sus nóminas (22,5 %), mayor disponibilidad, tensión social y penosidad, menores plazos de actuación, uso del vehículo particular para hacer visitas sobre el terreno, material obsoleto e insuficiente protección de sus datos personales.
El pasado mes de marzo, los inspectores trasladaron a la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, todas estas demandas, agravadas con la carga de trabajo adicional que ha supuesto la puesta en marcha de nuevas actuaciones derivadas del plan director por un trabajo digno y de la implantación del registro de jornada.
