La Audiencia Nacional lleva al banquillo por tercera vez a la cúpula de Caixanova

El juez ve apropiación indebida y blanqueo de capitales en varios créditos que provocaron un agujero de 80 millones

Julio Fernández Gayoso, copresidente
Julio Fernández Gayoso, copresidente

Redacción / La Voz

Los problemas se le amontonan a la antigua cúpula de Caixanova, la que durante más de una década estuvo al frente de esa entidad financiera y que solo dejó sus cargos cuando la entidad se fusionó con Caixa Galicia y terminó rescatada y convertida en un banco. Aquel proceso conllevó ayudas públicas de más de 9.000 millones de euros, y abrió de paso una exhaustiva investigación por parte del FROB -el fondo de rescate- a operaciones cuestionables de las cajas gallegas. Aquel procedimiento ha derivado ya en dos investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional a la dirección de Caixa Galicia (aún en fase de instrucción, tras declarar los imputados), y tres causas a Caixanova por las que sus directivos pasan directamente al banquillo. No hay ninguna otra entidad, salvo Bankia, que haya visto más casos en esa Audiencia.

Por la primera causa, la de las indemnizaciones millonarias, ya fueron condenados a dos años de prisión Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego y otros dos directivos; la pena la acabarán de cumplir en enero. Tienen un segundo caso al que hay que poner fecha para ir a juicio, por una operación inmobiliaria en Rivas-Vaciamadrid que provocó un roto de 41,8 millones. Y este mismo martes el juez José de la Mata cerró la instrucción del tercer proceso, el del caso Promalar, una serie de créditos concedidos a esa promotora de Vigo, entre los años 2005 y 2008, que terminaron provocando un quebranto a la caja de 80 millones de euros, según el instructor.

Esta causa tiene como principal implicado a Gregorio Gorriarán, uno de los condenados por las indemnizaciones. Fue el encargado de dirigir la operaciones de crédito, con el consentimiento de Gayoso y Pego, presidente y director general de Caixanova, respectivamente. Junto a ellos, el juez propone mandar al banquillo al responsable de aquella empresa, Juan Lago, a responsables de oficinas de la caja en Vigo que participaron en la operación y a altos cargos de Tasa Galicia (tasadora de la que curiosamente era accionista Caixa Galicia), hasta un total de diez imputados. A los implicados el juez les atribuye varios delitos societarios, principalmente el de apropiación indebida o alternativamente administración desleal, así como blanqueo de capitales. El juez ha decidido dejar fuera a otro ex alto cargo, Domingo González Mera.

El auto detalla cuatro operaciones financieras para reflotar la conservera Bernardo Alfageme, en situación crítica y cuyos accionistas mantenían una estrecha relación con la caja, tanto que hasta compartieron miembros de su consejo. El caso es que los créditos, que se renovaron varias veces, no fueron para la finalidad aprobada, sino para abonar indemnizaciones o sueldos a directivos; en otros casos ni se ejecutó la compra de terrenos previstos; y en otros se pusieron como garantías solares con valores inflados hasta 190 veces. «Quisieron beneficiar económicamente a los accionistas de Bernardo Alfageme por su estrecha relación con la caja, facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban», resume de forma muy clara De la Mata.

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