Europa ordena juzgar otra vez las ayudas al naval que declaró legales hace 4 años

El alto tribunal anula una sentencia que validó el viejo «tax lease» cuando ya no existía


La Voz / Vigo

Europa vuelve a poner la proa a la construcción naval gallega y, como ocurrió en el 2011, cuando acusó a España de favorecer a los astilleros con ayudas de Estado, lo hace en el momento en el que el sector lidera la cartera europea de nuevas contrataciones, por delante de las grandes patronales holandesas y noruegas.

Nadie lo esperaba. Las cosas van bien. De acuerdo con el Clúster del Naval Gallego, Aclunaga, los astilleros gallegos tienen 14 contratos en cartera, y esperan acabar el 2018 con al menos los 29 del pasado año. Pero eso no gusta a los países vecinos, que creían neutralizada la competitividad del sector gallego, después de la crisis del tax lease declarada en el 2011, a raíz de una denuncia de los socios comunitarios acusando al naval español de percibir ayudas de Estado.

Cuatro años tardó en resolver el Tribunal General de la UE (organismo de primera instancia), pero en el 2014 restituyó el honor de los astilleros validando el viejo tax lease, que a esas alturas ya había sido sustituido por un nuevo esquema de incentivos fiscales.

No contenta con el fallo, la Comisión Europea (vía Dirección para la Competencia) recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que ayer decidió desenterrar el caso al anular la sentencia del Tribunal General y ordenar su revisión.

¿Con qué argumentos? El tribunal de Luxemburgo considera que, cuando anuló la decisión de la Comisión Europea, el Tribunal General «cometió un error» al considerar que las agrupaciones de interés económico (AIE) que intervenían en el tax lease no podían ser las beneficiarias de las ayudas de Estado, y que los únicos que sacaron provecho fueron los inversores.

El TJUE señala que «las agrupaciones eran las beneficiarias directas de las ventajas». Dicho de otro modo, el alto tribunal no responsabiliza a los astilleros, sino que carga contra las empresa que supuestamente se beneficiaban de las ventajas fiscales que conllevaba participar en la financiación de buques.

Devolución de 126 millones

Según una estimación que la Comisión Europea nunca ha dado por buena, estas empresas, entre las que figuran los grandes bancos y principales corporaciones españolas, estarían obligadas a devolver a Hacienda 126 millones de euros, además de las costas del proceso que ahora se reabre.

Las reacciones generalizadas a esta inesperada decisión de la Justicia europea sobre un sistema de incentivos que no solo declaró legal hace cuatro años, sino que además dejó de existir en el mismo momento en que fue denunciado, han sido de calma.

Hay tranquilidad porque hay carga de trabajo, y porque el sistema de bonificaciones en vigor tiene las bendiciones de los socios comunitarios desde el año 2014, en que fue aprobado.

«Ante todo, tranquilidad, porque aunque se está pidiendo una revisión de la sentencia, el impacto está acotado y no afecta a los astilleros, sí a los inversores», manifestó el conselleiro de Economía, Francisco Conde, que insistió en que es necesario evitar la más mínima duda sobre el buen nombre y el prestigio de los astilleros gallegos.

En la misma línea se manifestó la patronal gallega del metal, Asime, a través de su secretario general, Enrique Mallón.

Tranquilidad y legalidad

«El nuevo sistema tax lease que estamos empleando en las nuevas contrataciones está absolutamente validado por la Comisión Europea y por los tribunales de Justicia europeos, por lo tanto, tranquilidad total para los proyectos actuales y los que vamos a desarrollar en el futuro», afirmó

Pymar, la sociedad que representa a los astilleros privados españoles, aclaró en un comunicado que «en ningún caso se derivará de este asunto un procedimiento de recuperación de ayudas para los astilleros españoles, al no ser considerados como beneficiarios de las potenciales ayudas por la decisión de la Comisión Europea cuestionada».

Añadió esta agrupación que la sentencia del alto tribunal no tiene ningún efecto en el nuevo sistema de tax lease, en la medida en que se trata de un nuevo régimen, independiente del anterior, que ha sido objeto de aprobación por la Comisión Europea, posteriormente confirmada por el Tribunal General de Justicia».

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