La doctrina del Supremo en NCG acerca a los banqueros a la cárcel

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

BENITO ORDÓÑEZ

El caso de la entidad gallega fue el primero en el que los condenados por el saqueo de la entidad acabaron ingresando en prisión

12 mar 2017 . Actualizado a las 09:53 h.

Esta semana se ha conocido una nueva condena a antiguos gestores de las cajas de ahorros, y ya es la quinta desde que en el 2014 la Audiencia Nacional sentenció a dos años de cárcel a la cúpula de Caixa Penedés por haberse embolsado más de 28 millones de euros en pensiones irregulares. Tras las condenas a las excúpulas de Novacaixagalicia (NCG), Caja Castilla-La Mancha (CCM) y la reciente de las tarjetas black de Caja Madrid, esta semana fue la Audiencia Provincial de Zaragoza la que falló contra tres exdirectivos de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI), condenándolos a cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida agravada, al haberse aprovechado de la entidad en operaciones inmobiliarias y crediticias que le supusieron a la firma un quebranto de 6,3 millones.

Entre la primera sentencia, la de Caixa Penedés -la condena fue de conformidad, ya que los acusados se declararon culpables y reintegraron el dinero, por lo que no ingresaron en prisión- y la última, la de la CAI, destaca la de los exresponsables de Novacaixagalicia, pues ha marcado un punto de inflexión en las sanciones por los desmanes en la gestión de las extintas cajas. 

Los de NCG, primeros en prisión

El caso de la entidad gallega es clave por varias razones. Fue el primero en el que los condenados por el saqueo de la entidad acabaron ingresando en prisión, ya que José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas permanecen en la cárcel desde el pasado 16 de enero, a diferencia de los exresponsables de Caixa Penedés y pese a tener la misma pena: dos años de prisión.

Los juristas consultados coinciden en destacar la importancia del pronunciamiento del Supremo en el caso de NCG, que en septiembre del pasado año confirmó la pena que, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, la Audiencia Nacional había impuesto a los condenados y, de paso, propinaba un soberano tirón de orejas a sus juzgadores -y a la Fiscalía-, al considerar «benévola» las condenas que les habían impuesto.

La doctrina del Supremo fue lo que luego precipitó el inesperado ingreso en prisión de los cinco exdirectivos, que la Sala de lo Penal argumentó subrayando que no habían «devuelto el dinero que se fijó en la sentencia [10,4 millones de euros] y que tienen todavía causas pendientes con la Justicia». Y la misma decisión del alto tribunal es lo que explica el reciente «endurecimiento» judicial a la hora de esclarecer los comportamientos delictivos de los exbanqueros investigados en las múltiples causas que aún continúan abiertas.

Un ejemplo de cómo la postura del Supremo en NCG se ha trasladado inmediatamente a otras causas similares es el de la reapertura del caso de las abultadas pensiones -17 millones de euros- que se embolsaron seis antiguos directivos de Caja Segovia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, con el apoyo de la Fiscalía, había acordado el sobreseimiento libre de la causa el pasado verano, al no apreciar indicios de delito. Pero la Audiencia Provincial ha obligado a reabrir el procedimiento -en un auto fechado el 27 de enero, diez días más tarde del ingreso en prisión de los exdirectivos gallegos-, atendiendo al criterio del Supremo en el caso de Novacaixagalicia. 

El caso de Caja Segovia, a juicio

Por ello, esta semana el titular del juzgado dictó un auto de conclusión del procedimiento, antesala de la apertura de juicio oral contra los seis exresponsables de la citada caja castellano-leonesa, a los que se les imputan los delitos de administración desleal y apropiación indebida, por diseñar «en su exclusivo beneficio» un plan de prejubilaciones, con cargo a las cuentas del 2010 y «abusando de sus funciones».

Desde la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), personada como acusación en diversas causas -incluyendo Caja Segovia, Banca Cívica, Caja Inmaculada o Bankia- no consideran que haya un endurecimiento judicial, sino que «se está empezando a hacer justicia». En el caso de la CAI, han anunciado que recurrirán la sentencia al Supremo, porque, como en las tarjetas black de Caja Madrid, el tribunal solo ha condenado a los exdirectivos por apropiación indebida y no por el delito de administración desleal, que la CIC cree que también han cometido.