¿Montoro piensa lo que hace o hace lo que se le ocurre?

Los que conocen bien al ministro son los empresarios, que desde que empezó el año no paran de acordarse de él mientras se hacen la misma pregunta una y otra vez


Les propongo que hagan una encuesta este fin de semana entre sus amigos y les pregunten cómo se llaman el ministro de Educación, el de Asuntos Exteriores y el de Hacienda. Me apuesto lo que quieran a que la mayoría de sus colegas solo sabrán un nombre. «Ese es Cristóbal Montoro», le dirán denotando cierta contundencia en el tono de voz. ¿Por qué lo conocerán? Seguro que no es ni por su claridad en el momento de hablar ni por que salga todos los días en los medios de comunicación (es más, no sale casi nada desde que su examigo y exministro Rodrigo Rato va a la Audiencia Nacional a defenderse de varios delitos, entre los que se encuentra el de fraude por casi siete millones de euros).

Los que conocen bien a Montoro son los empresarios, que desde que empezó el año no paran de acordarse de él mientras se preguntan una y otra vez: «¿Este ministro piensa lo que hace o hace lo primero que se le ocurre?». El motivo de este pensamiento reiterado es que el hombre ha reformado el impuesto de sociedades para recaudar más, algo que logrará, pero generando una inseguridad jurídica propia de otras latitudes. Hay dos cambios fundamentales. El primero tiene que ver con la reducción de las bonificaciones fiscales de las llamadas bases imponibles negativas. Eso es, cuando una empresa genera pérdidas -lo que le ocurrió a cientos de miles de sociedades durante los años de crisis- las puede meter en una especie de hucha hasta que tenga beneficios, momento en que se las puede deducir. Ahora podrá seguir haciéndolo, aunque en menor medida. David García, experto fiscal de Ayming, explica que hasta el cambio de la norma una compañía deducía sin límites pérdidas por valor de hasta un millón de euros y, a partir de ahí, solo se podía aplicar un máximo de un 60 % de la base imponible. Ahora se suprime el millón de euros para compañías que facturen más de 20 millones; y para aquellas cuyo volumen de negocio sea superior a 60 millones, la compensación se limita al 25 % de la base. Si su cifra de negocio se sitúa entre 20 y 60 millones, será del 50 %; y si está por debajo de los 20, el límite será del 70 % (en lugar del 60 %) y con el mismo importe mínimo.

La CEOE calcula que con esta medida, que afectará a 15.500 firmas, el ministro recaudará 2.000 millones.

El otro cambio obliga a las empresas a devolver el dinero que han deducido porque una participación que tenían en otra sociedad ha perdido valor. García explica que hasta el 2013 una compañía podía deducir la pérdida de valor de una participada sin necesidad de que estuviesen imputadas contablemente, ya que la pérdida no se había materializado con la venta. «Ello ayudó -dice el experto- a la expansión internacional y se calcula que hasta el 2013 se dedujeron unos 4.000 millones de media cada año. Ahora las empresas tienen que devolver el dinero que se dedujeron a razón de un 20 % anual durante un lustro».

De lo escrito se deduce que, aunque Montoro no es el mejor político del mundo, parece que no le falta razón cuando a la hora de diseñar leyes no mira solo hacia los asalariados con nómina. Entonces, ¿dónde está el problema? En que las leyes no pueden ser una ocurrencia. Porque tanto usted como yo como su empresa tomamos decisiones y nos planificamos en función de ellas. Por lo tanto, lo lógico hubiese sido que estos cambios no fuesen bruscos y que hubiese habido un período transitorio de adaptación. Pero no ha sido así.

Sin embargo, usted estará conmigo en que la culpa de esta inseguridad jurídica no es solo de Montoro. Sus colegas de Gobierno también tienen algo que ver.

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