Aunque el regulador ha impuesto en tres años unos 1.000 millones en sanciones, las empresas están retrasando el pago recurriendo una y otra vez a los tribunales
08 oct 2016 . Actualizado a las 09:47 h.Hace justo tres años empezó a blandir su látigo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que heredó las funciones de vigía del correcto funcionamiento de todos los sectores productivos que hasta entonces ejercían seis instituciones públicas. Por ello es conocido como el superregulador. Durante su corta andadura, el organismo independiente, aunque adscrito al Ministerio de Economía, ha resuelto en torno a 150 expedientes sancionadores con multas que suman unos 1.000 millones de euros. Sin embargo, de momento, la CNMC no ha visto ni un céntimo de ese dinero.
La razón es que las empresas expedientadas, en su inmensa mayoría como consecuencia de conformar carteles para repartirse trozos del pastel del mercado y de pactar precios en sectores liberalizados, recurren siempre las multas ante la Audiencia Nacional. Disponen para ello de un plazo de dos meses desde que se hace pública la resolución del regulador. Y cuando este tribunal tampoco les da la razón, intentan escurrir el bulto en última instancia poniendo su caso en manos del Supremo. En resumen, que entre que se incoa el expediente, se impone la multa y finalmente se abona -si la sentencia definitiva así lo corrobora- pueden llegar a discurrir ocho años tranquilamente.
Fuentes de Competencia explicaron que, efectivamente, así estaba ocurriendo, que todavía no habían cobrado ninguna de las multas impuestas en sus tres años de trayectoria porque aún no se había producido ninguna sentencia firme sobre los casos abiertos. Sin embargo, precisaron que las compañías expedientadas habían depositado un aval en las arcas del tesoro público equivalente al importe de las sanciones. Es un extremo al que están obligadas para garantizar el pago entre tanto no se resuelven los recursos. Si por fin quedan libres de cargos, recuperan la fianza.
Las compañías multadas (todas con posibles para afrontar económicamente largos procesos judiciales) sacan así provecho de un sistema muy garantista, con el que, además, ganan tiempo y prolongan la resolución definitiva. Aunque la mayoría de las compañías presentan recurso tras recurso con la firme esperanza de que el castigo de Competencia quede en agua de borrajas. Y en ocasiones es así. Porque, en general, resulta complicado demostrar conductas de abuso de posición con pruebas irrefutables. Y si las hay, los tribunales pueden anularlas. Un caso muy sonado se produjo el año pasado, cuando la Audiencia anuló una sanción de 60 millones a las grandes eléctricas porque consideró que las pruebas habían sido obtenidas por la CNMC de forma ilícita. Lo hizo mediante el registro de sedes de empresas con una autorización judicial que tumbó más tarde el Supremo por considerarla injustificada.
En los últimos años, Competencia trata de promover el chivatazo desde dentro del cartel para obtener pruebas del delito; el delator queda exculpado.
No obstante, los expedientes que resuelve la CNMC contra las empresas sí suelen producir un efecto disuasorio en la mayoría de los casos y las empresas deponen su actitud anticompetitiva.
Destapó carteles de coches, pañales, empresas de servicios y el lácteo
Pero ¿cuáles son las multas más sustanciosas impuestas por la CNMC en sus tres años de vida? La mayor hasta el momento se resolvió en el 2015 y suma la friolera de 171 millones. Es la cuantía que deben afrontar 21 fabricantes de automóviles y dos empresas consultoras. Aquí cayeron casi todas las marcas que a uno se le puedan venir a la cabeza, salvo Volkswagen, que se libró por delatar a sus competidores. Las compañías intercambiaron información entre el 2006 y el 2013 para coordinar precios, descuentos y política comercial.
La segunda mayor multa, de 128 millones, fue para el cartel de los pañales para adultos, ocho fabricantes que entre 1996 y el 2014 se repartieron el mercado e inflaron los precios para ganar más.
Florentino Pérez es uno de los protagonistas de la tercera mayor sanción, de 98 millones, a 39 compañías de servicios (entre ellas, Urbaser, del grupo ACS, presidido por el empresario) y tres asociaciones de gestión de residuos y saneamiento por actuar como un cartel. A Florentino Pérez le asestó el mayor golpe, con una multa de 23,2 millones.
La cuarta mayor sanción tuvo ramificaciones gallegas. En marzo del 2015 multó con 88 millones a once industrias y operadores lácteos por manipular el mercado a su antojo y acordar los precios de compra de la leche. Entre los expedientados están Lactalis, Danone y la asociación de empresas lácteas de Galicia.