Tras finalizar las auditorías, Euskaltel deberá decidir si da luz verde a la compra
26 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Veinte días. Ese es el plazo que tienen los directivos de Euskaltel para decidir si siguen adelante con la compra de R. En las últimas semanas, la cablera gallega se ha abierto en canal en una auditoría exhaustiva (due diligence, en el argot) para que el operador vasco pueda examinar a gusto sus entrañas y cerciorarse de que no hay nada extraño en las cuentas de la sociedad antes de estampar la rúbrica definitiva en el contrato. El estriptís financiero es una de las condiciones estipuladas para llevar a término el preacuerdo de integración anunciado el pasado 23 de julio, en el que ambas compañías se daban hasta el próximo miércoles, día 30, para finalizar la radiografía y tomar una decisión definitiva. Aunque en el documento ya se prevé una extensión del plazo hasta el 15 de octubre siempre y cuando se mantengan las condiciones pactadas.
La principal, la monetaria. Euskaltel valoró R en 1.155 millones de euros. Descontados los 303 millones de deuda que esta soportaba en junio, el pago a los accionistas de la operadora gallega ascendería a 852 millones, que Abanca y CVC se repartirían de acuerdo a su participación en el capital -controlan un 30 y un 70 % de los títulos de la firma, respectivamente-. Pero no todo sería cash: 600 millones se desembolsarían en efectivo (480 para el fondo británico, 120 para el banco) y otros 252 en acciones del nuevo grupo integrado, en el que los actuales propietarios de la cablera gallega ostentarían cerca de un 17 % que no podrían vender hasta que pasen al menos seis meses. Kutxabank, con un 25 %, seguiría siendo el accionista de referencia.
Las incógnitas
Habrá que esperar a que se cierren las negociaciones para despejar el resto de incógnitas que rodean la operación, principalmente en el terreno laboral. Con una plantilla conjunta que ronda los 550 empleados, uno de los temas a solventar será el de las duplicidades. Y, aunque en el preacuerdo Euskaltel se comprometía a mantener la marca R, con su estructura local y su propio equipo de gestión, no son pocas las voces que apuntan a la posibilidad de que el operador vasco externalice parte de la plantilla de la gallega. Ya hay precedentes: Euskaltel cerró en noviembre del año pasado un acuerdo estratégico con el gigante chino de gestión de redes ZTE, que instaló en Vizcaya su sede para el sur de Europa y absorbió, con las mismas condiciones contractuales, a 133 trabajadores del operador vasco.
Y luego está el espinoso tema del domicilio fiscal. Porque, si bien está claro que Galicia perdería el centro de decisiones de la compañía, cuyos directivos tendrían que reportar a Bilbao (como ahora lo hacen a las oficinas de CVC en Londres), no se puede descartar un traslado de la sede social, con lo que ello implicaría no solo en términos de poder efectivo sino económico, ya que buena parte de la tributación se trasladaría al País Vasco.