Fuerza al consejo a retirar una propuesta para hacerse con el 20 % del grupo
19 ago 2015 . Actualizado a las 07:21 h.El pulso entre los bancos acreedores y el consejo de administración por el reparto de capital de la compañía parece haber tumbado las pretensiones de rearme accionarial de la vieja Pescanova.
Así lo reconocieron ayer los todavía responsables del grupo pesquero en un comunicado a la CNMV en el que anunciaron su renuncia a llevar a la junta general de accionistas, que se celebrará a finales de septiembre, una propuesta para elevar su participación en la empresa.
«Con fecha 10 de agosto del 2015, el consejo de administración recibió un burofax de las entidades por el que se rechazaba de forma categórica la propuesta, pese a reconocer que 'pueda resultar más atractiva para los accionistas', por entender que supondría una desviación unilateral de lo acordado en los convenios», explicó el consejo.
Según el comunicado, la banca acreedora advirtió en el mismo burofax de «el posible ejercicio de las acciones legales que pudieran corresponderles en defensa de sus derechos e intereses, incluyendo las de declaración de incumplimiento de los convenios», en el caso de que la propuesta fuera llevada a la próxima junta.
Un paso atrás
Ante esta firme advertencia, los directivos de Pescanova han optado por dar un paso atrás en sus pretensiones «con el único fin de evitar cualquier eventual riesgo para la continuidad y permanencia del grupo Pescanova».
Los bancos acreedores que antes del 30 de noviembre se harán con el 80 % de Nueva Pescanova nunca han aceptado la propuesta de los accionistas mayoritarios para hacerse con el 20 % restante de la compañía, en lugar del 5 % que les corresponde por el convenio de acreedores aprobado en mayo del 2014.
El pasado 18 de junio, la vieja Pescanova escenificó mediante un escrito a la CNMV su rebelión contra la pérdida del 98 % de su inversión en la operación acordeón que diluirá a la actual Pescanova en Nueva Pescanova, la sociedad ya saneada y controlada por los bancos.
El consejo de administración, que encabezaba este motín, se negaba en banda a aceptar las condiciones de los bancos: inyectar 7,3 millones de euros en la nueva sociedad para conseguir la cuota de poder que reclaman.
Pero los bancos se han mostrado inamovible en todo momento. No quieren ni oír hablar de que los accionistas de referencia -el grupo Damm o el propio Manuel Fernández de Sousa, imputado en la Audiencia Nacional por delitos como el presunto falseamiento de las cuentas de la empresa- puedan volver a hacerse con las riendas de la compañía.
Tampoco ven con buenos ojos las operaciones especulativas de compra de acciones devaluadas de Pescanova en el mercado gris, que han llevado a Carolina Masaveu a hacerse con un puesto en el consejo o al fondo Broadbill Investment Partners a situarse entre los accionistas más significativos de la empresa.