La rebaja fiscal no frustra el plan de devolver la extra a los funcionarios
ECONOMÍA
De Guindos sostiene que la medida no pone en riesgo el objetivo de déficit
04 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El adelanto en seis meses de la rebaja en el IRPF prevista para el próximo enero, que entrará en vigor con efecto retroactivo desde el día 1 de este mes, «en nada cambia» el compromiso del Gobierno de proceder este mismo año a la devolución de otra parte de la paga extra retirada a los funcionarios en diciembre del 2012. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que defendió que la mejora en la recaudación en los primeros meses del año por el repunte del consumo da el «margen suficiente» para compatibilizar ambas medidas, con las que el Ejecutivo quiere visualizar su compromiso de «devolver a los ciudadanos el esfuerzo que les pedimos».
Tampoco compromete, a juicio del ministro de Economía, el objetivo de déficit acordado con las autoridades europeas, que para este año se sitúa en el 4,2 % del PIB. Al margen del incremento de la recaudación, Luis de Guindos recordó que hay partidas presupuestarias, como la destinada a pagar los intereses de la deuda o la de las prestaciones por desempleo, donde no se consumirán todos los recursos consignados por la rebaja de la prima de riesgo y la reducción del paro. Y negó también que la medida haya levantado suspicacias entre los socios del euro o la Comisión Europea, que el año pasado advirtió de que la reforma fiscal podría poner en peligro la consolidación fiscal: «No ha habido ningún tipo ni de toque ni planteamiento al respecto», remató De Guindos.
Lo que el Gobierno sí aclaró ayer fue la fecha en la que aprobará los cambios en el IRPF, que además de reducir la escala general del impuesto y las retenciones a los autónomos podrían incluir el adelanto de la rebaja en el gravamen sobre el ahorro, prevista también para enero y que reduciría la factura fiscal de las plusvalías por la venta de una vivienda o unas acciones. El Consejo de Ministros les dará luz verde el próximo viernes a través de un decreto ley, como ya hizo en diciembre del 2011 para subir los impuestos nada más aterrizar en la Moncloa.
Es el mismo instrumento legal utilizado en 1992 por el Gobierno de Felipe González para subir el tipo del IRPF, el único precedente hasta el momento de un cambio en la escala del impuesto a mitad de año, aunque en el aquel caso se aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Dudas sobre la aplicación
El Gobierno no ha aclarado aún cómo se articulará esa variación en los tipos. Expertos consultados por este periódico consideran que la alternativa más lógica sería que se apruebe una nueva escala para todo el ejercicio, a medio camino entre la que se fijó en enero y la anunciada para el año que viene, de forma que el exceso en la retención practicada en el primer semestre se compensaría con la reducción en lo que queda de año.
El Consejo General de Gestores Administrativos, que ve positiva la rebaja del IRPF para impulsar la actividad y el consumo, advirtió ayer de que provocará «desconcierto administrativo», generará dificultades y costes de adaptación para reajustar las nóminas.
Por su parte, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, además de advertir sobre la dificultad de articular el adelanto, critica que el Gobierno vuelva a «poner parches» en el sistema tributario sin abordar una reforma integral.
Sobre el impacto de la medida se pronunció ayer el director del servicio de estudios de Bankia, José Ramón Díez, que estima que la rebaja fiscal inyectará «combustible» en el PIB y puede situar el crecimiento este año cerca del 3,5 %, dos décimas más que lo estimado por el Gobierno.
Santamaría afirma que el Presupuesto está «avanzado», pero que Rajoy marcará los plazos
La maquinaria para presentar los Presupuestos Generales del Estado en pleno verano y garantizar así que podrían aprobarse antes de disolver las Cortes y convocar elecciones está ya en marcha. La vicepresidenta del Gobierno anunció ayer que, tras dos aplazamientos, el Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará por fin el techo de gasto, el primer trámite legal en la elaboración de las cuentas públicas. Una semana después, a partir del día 15, el documento comenzará su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado.
En línea con lo que ya adelantó el jueves Rajoy, Sáenz de Santamaría destacó que los distintos ministerios tienen «muy avanzado» el documento, ya que han recibido la orden de acelerar su elaboración para que las cuentas estén listas en el momento en el que el presidente quiera aprobarlas. Pero no quiso concretar si el Gobierno se limitará a aprobar las cuentas y enviarlas al Congreso o si intentará completar la tramitación en las Cortes y dejarlas aprobadas. «Si se pueden culminar, perfecto» fue lo único que concedió a los periodistas, a los que reiteró una y otra vez que la suerte del proyecto presupuestario, condicionada por la fecha en la que se convoquen las generales, solo está en manos de Rajoy.
Tampoco aclaró si ya han solicitado a las Cortes que se habilite el mes de agosto para avanzar en la tramitación de las cuentas.
Entiende Santamaría, en todo caso, que con su elaboración y remisión al Congreso cumplen con el mandato recogido en la Constitución. «Y visto lo que está pasando por el mundo, bienvenidos sean los gobiernos serios», remachó.