Los datos del inicio de año indican que la progresión de nuestra deuda pública sigue imparable hacia un nivel del 100 % de la riqueza nacional. Desde el día en que el actual Gobierno tomó el control de las cuentas públicas, la deuda ha crecido en un 16 % del PIB mientras que en el promedio de la eurozona solo subió un 3 %. Mientras gobernó con mayoría absoluta el austericidio dictado por la troika y los mercados creció cinco veces más que en los países del euro.
Si esa es toda la cosecha después de aplicar la motosierra a los gastos públicos más sensibles para el bienestar social (prestaciones de desempleo, sanidad o educación), es obvio que varias cosas están fallando.
La primera es un reparto del techo de déficit anual que discrimina a las comunidades autónomas (es decir, a los servicios sanitarios y educativos que gestionan). Porque mientras que el gasto público central supone la mitad del total, su techo de déficit para este año se lleva casi dos tercios del total permitido. A esta asimétrica presión austericida deben añadirse las tentaciones electoralistas y clientelares para enfrentar las últimas elecciones autonómicas por los gobiernos hoy salientes. Una mezcla explosiva.
La segunda, el dramático abandono del objetivo de homologar los ingresos públicos de España a la media europea. Llegando, incluso, a propiciar una electoralista rebaja lineal del IRPF que está laminando la aportación fiscal de las rentas declaradas más elevadas y que se desentiende de igualar el esfuerzo fiscal de las rentas no salariales. Por no hablar del drenaje en la Seguridad Social.
La tercera, el ignorar que mientras la economía no crezca a tasas superiores al déficit anual, el peso de la deuda sobre el PIB no dejará de crecer. Y este año volverá a ser así. Cuando, además, esto sucede con un comportamiento deflacionario en los precios, la deuda pública acumulada se vuelve cada vez mayor en términos reales. El oligopolio de acreedores tiene cada vez más negocio. Y más rentable.