Exempleados gallegos de Caja España demandan a la entidad por «engaños» en el ERE
ECONOMÍA
Denuncian que se les forzó a anotarse bajo amenaza de cierre de toda la red en la comunidad, algo que no ha sucedido
21 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Un grupo de extrabajadores gallegos de Caja España (ahora Banco Ceiss, integrado en Unicaja) acaban de presentar una demanda colectiva en un Juzgado de lo Social de Madrid al considerar que fueron «engañados» durante el ejecución del expediente de regulación de empleo (ERE) que la entidad ejecutó en el 2013. Los demandantes (42 gallegos, a los que se han sumado 14 más de Asturias, Murcia, Cartagena y Barcelona) consideran que no se han cumplido varios puntos por los que la empresa decidió la apertura de ese ERE para más de 1.200 empleados. De entrada, el aviso de que la red no core (la no estratégica, como la gallega) iba a ser cerrada por completo en diciembre del 2014. Así se había pactado con Bruselas, que exigía una serie de medidas al haber recibido la entidad ayudas públicas. «Si no nos acogíamos al ERE en el 2013, tanto la dirección como los sindicatos firmantes nos avisaron de que se nos trasladaría a Castilla y León, a Cáceres, o a Madrid, donde la red sí era core, o que habría despidos bajo la reforma laboral, que sería más perjudicial para todos», añaden. De hecho, la demanda presentada se amplía a las centrales que participaron en el acuerdo laboral. También se demanda al FROB al entender que participó en el engaño.
Sin embargo, «comprobamos cómo no solo no se ha cerrado esa red gallega, sino que quedan aún nueve sucursales que siguen captando negocio», apuntan los demandantes. Porque este año, Banco Ceiss y su nuevo dueño, la malagueña Unicaja, pactaron con la UE cambiar esas condiciones, de tal forma que podrán mantener negocio fuera de la zona core.
Los denunciantes sostienen también que los datos económicos bajo los que se amparó ese expediente laboral eran incorrectos por diversas irregularidades, como créditos morosos no declarados del entonces presidente de la caja, Santos Llamas. «Denunciamos la existencia de dolo, intimidación, coacción, abuso de derecho y engaño», explican los afectados. Y por todo ello reclaman la readmisión y el cobro de los salarios de tramitación desde el 2013.