La Audiencia desmonta a Blesa

Tres magistrados ratifican la millonaria fianza al expresidente de Caja Madrid y lo acusan de mentir porque el consejo no aprobó las tarjetas «black»


MADRID / COLPISA

La Audiencia Nacional dio ayer un severo varapalo al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, aunque más por sus argumentos jurídicos que por el sentido de su resolución. Como se esperaba, confirma la fianza civil de 16 millones de euros por su responsabilidad pecuniaria en el escándalo de las tarjetas B (Black) -que disfrutaron 83 ex consejeros y ex altos cargos de la entidad de ahorros entre 2003 y 2012- y cuyo impago motivó el inicio de una investigación sobre su patrimonio para embargarle al no considerar válida la póliza suscrita con Mapfre. Y es que, según los magistrados que revisaron su recurso contra dicha medida cautelar, el exfinanciero viene a mentir en algunos de sus argumentos exculpatorios.

En concreto, los miembros de la Sección Tercera de lo Penal de dicho órgano judicial consideran que es falso que el consejo de administración de Caja Madrid hubiera autorizado, refrendado o respaldado la entrega de las polémicas tarjetas. Y mucho menos la utilización que se hizo de las mismas. En concreto, Blesa declaró el pasado 16 de octubre ante el instructor del caso Bankia, el juez Fernando Andreu, que la existencia de ese dinero de plástico y las disposiciones efectuadas mediante el mismo venían «amparadas por determinados acuerdos» de dicho órgano. E incluso citaba en su recurso actas de 1988, 1994 o 1995, así como otros dos encuentros de la comisión ejecutiva, en 1988.

Una vez revisados dichos documentos con detalle, los magistrados concluyen que en ninguno de ellos se autoriza el pago por parte de la entidad a consejeros y directivos, ya sea directamente o mediante tarjetas de crédito, «de otros costes que no sean los derivados de gastos de viaje y representación, o los ocasionados como consecuencia del ejercicio de sus funciones dentro de la entidad». Como ejemplo, cita el acta de mayo de 1988, en la que se reconoce la necesidad de «compensar los esfuerzos y dedicación» de dichos altos cargos ante lo reducido de sus dietas. Y se llega a hablar incluso de «buscar un sistema» de pago especial con un límite mensual. «Pero siempre en clara referencia a gastos de representación y dietas», insiste el tribunal.

En otra ocasión, en octubre de 1995, se menciona la existencia de tarjetas Visa, aunque se especifica que son «exclusivamente para gastos de representación». Por ello, la Sala concluye que «no hubo tal amparo [en contra de lo alegado por Blesa] a la emisión, entrega y uso que se hizo de las tarjetas B. De igual forma, ponen en seria duda que se las pueda considerar un complemento retributivo, pese a que esta fue la tesis defensiva utilizada por los tres imputados en esta pieza del caso Bankia: los dos últimos presidentes de Caja Madrid (el propio Blesa y Rodrigo Rato, ambos acusados de un delito continuado de administración desleal, castigado con hasta cuatro años de cárcel), junto al que fuera su número dos en la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj.

Para los jueces, su versión exculpatoria «carece hasta el momento de apoyo en las actuaciones» porque las partidas correspondientes a las tarjetas B «no se contabilizaron de forma adecuada», al no incluirse en las cuentas referidas a las remuneraciones. «Tampoco se practicaba -añade el escrito de los magistrados- la retención (fiscal) oportuna», si realmente se trataba de parte de su sueldo. Ni los propios perceptores de esas sumas las declararon, «careciendo además de sentido» que si el objetivo era elevar sus retribuciones «no se acordara hacerlo directamente».

Con conocimiento

«Tales circunstancias no podían ser desconocidas por el señor Blesa, quien durante 13 años presidió la entidad», concluye este fallo de la Audiencia Nacional, en el que también se afirma que el exfinanciero «no puede alegar desconocimiento en una práctica que se hacía con su beneplácito», y a la que además «contribuyó eficazmente» desde su puesto.

Y frente a la tesis de la defensa de que no habría perjudicados por estos hechos, los magistrados niegan tal argumento: consideran «indudable» que, al menos, sí tendrían tal condición la propia Bankia y el FROB, en la medida que sin ese agujero de 15,5 millones en sus cuentas por los abusos cometidos durante un decenio, el rescate de la entidad con capital público (22.400 millones) habría resultado menor.

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