La Asociación Nacional de Productores de Cultivos Marinos, Apromar, viene de hacer público un informe extremadamente crítico con la gestión pública del sector acuicultor.
Quienes lo suscribimos -la totalidad del sector nacional- hemos elevado por primera vez el tono de la crítica, cansados de que el afán de colaboración con el que hemos actuado siempre no haya tenido en general más respuesta que la eterna promesa de una gobernanza eficaz que permita el desarrollo sostenible de un sector llamado a ser estratégico en nuestras costas y ríos, y el reconocimiento formal de su utilidad socio económica. Algo evidente, que es recalcado insistentemente por cuanto organismo público internacional existe, desde la FAO a la Comisión o el Parlamento Europeo, y hasta el punto de que el nuevo Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) dota a España con 1.161 millones de euros en ayudas para pesca y acuicultura. Unas ayudas que se perderán si continuamos con la escasa efectividad administrativa que venimos padeciendo hasta la fecha.
Escepticismo con el plan
Esa dura valoración crítica coincide precisamente con un evento a priori halagüeño, como es la aprobación del Plan Estratégico Nacional para el sexenio 2014-2020. Sin embargo, la experiencia nos lleva al escepticismo, conscientes de que si algo ha caracterizado a este sector en la última década ha sido el efusivo reconocimiento de los poderes públicos, solo parejo en intensidad a la eterna decepción cuando se les ha pedido que bajen al terreno de los hechos y movilicen los medios precisos para activar la tramitación de proyectos de acuicultura viables.
En el Congreso Nacional de Acuicultura del 2007 presenté una ponencia cuyo título, Un sector en la encrucijada, describía el estado de la industria a la sazón. Siete años después, la situación ha empeorado, y el sector asiste perplejo, pero cada vez más escéptico, a las mismas lacras entonces denunciadas: la progresiva e innecesaria complicación del tejido regulatorio que nos asfixia (a esta y a muchas otras iniciativas empresariales de otros sectores productivos); la inseguridad jurídica; la paralización de los expedientes en el momento en que una dependencia de la Administración pone la mínima objeción; el injustificado temor a la respuesta de un sector crítico muy minoritario; y la inejecución de las líneas programáticas unívocamente proclives al desarrollo de una acuicultura europea fuerte que se vienen estableciendo desde hace dos lustros tanto en la Unión Europea como también, y paradójicamente, en nuestro país.
Lo que sucede en Galicia
En el caso gallego, además, las posibilidades que ofrece el sector son infinitas. Tenemos un I+D+i público y privado de primer orden, unas condiciones naturales propicias, centros de formación excelentes, tradición, recursos y vocación de generar empleo de calidad en zonas alejadas de los destinos habituales. Solo falta la implicación efectiva de los máximos responsables de los distintos Gobiernos, en una materia que, se ha demostrado, requiere que la acción de todas las consejerías implicadas sea impulsada y coordinada en ejecución de una política decidida. De lo contrario, pronto lamentaremos otro sector en declive irreversible.