La deuda pública es el instrumento destinado a corregir tres desequilibrios presupuestarios. El primero es el llamado déficit público o saldo no financiero negativo. El segundo desequilibrio tiene su origen en los activos financieros y se registra cuando el saldo de ingresos y gastos es negativo. Finalmente, estaría la financiación de las amortizaciones de la deuda acumulada con más deuda, lo que permite liberar ahorro por igual cuantía a costa de no reducir la deuda financiera y eternizar el pago de los intereses.
La ingeniería financiera aplicada al presupuesto público permite que sucedan estas y otras cosas, lo que no deja de ser pintoresco o más bien dramático, una vez conocida la vocación que tienen los Gobiernos de trasladar el coste de sus decisiones a los colegas futuros.
La llamada ilusión de la deuda consiste, precisamente, en infravalorar los costes tributarios que se derivan de la misma y que los contribuyentes deberán pagar en el futuro. Esta percepción distorsionada del ciudadano contribuyente se debe, en gran medida, a que el endeudamiento público se asienta en una información que suele ser insuficiente, compleja, diferida y costosa. O, dicho en otros términos, financiar las Administraciones públicas con deuda recurrente, ignorando los costes tributarios que ello tendrá en el futuro, provoca efectos interesados en el ciclo político-electoral.
Y si esto sucede con la deuda financiera del sector público, ¿qué decir de la ilusión fiscal producida cuando las Administraciones se endeudan con empresas para construir, financiar y conservar hospitales, autovías y otros servicios públicos, mediante contratos de colaboración público-privada pagados mediante un canon contabilizado como gasto corriente? ¿Cuál es en realidad el coste tributario de todas estas deudas?
En solo dos años, los intereses de la deuda financiera del Estado suman ya 75.000 millones de euros, sin contabilizar la deuda empresarial y los rescates a bancos, cajas, autovías y hospitales, todos confundidos en ese magma algo tramposo que llamamos deuda pública.
X. Álvarez Corbacho es Catedrático de Economía Aplicada en la UDC.