José Julio Fernández se dirige a la defensora europea para defender el naval gallego
12 jul 2013 . Actualizado a las 14:48 h.El valedor do Pobo, José Julio Fernández, ha abierto una queja de oficio por la situación del sector naval gallego en referencia a la propuesta de devolución del «tax lease» por parte de la Comisión Europea y se ha dirigido en las últimas horas a la defensora europea, Emilly O'Reilly para que «interceda ante las instituciones europeas». «Entendemos que en el contexto concreto de este expediente, se observan indicios de que la Comisión Europea puede no estar respetando los principios básicos de buena administración por lo que consideramos oportuno interesar la actuación del Defensor del Pueblo Europeo respeto al mismo», explica el valedor en su escrito.
De esta manera, señala que recurre a la defensoría de la UE como «órgano imparcial y supervisor» de las actividades de las instituciones y órganos de la Unión Europea, solicitándole que «inicie actuaciones de investigación de cara a dirimir la posible vulneración de los principios de buena administración» por parte de la CE en el ejercicio del cumplimiento del derecho comunitario sobre competencia. También en el documento remitido a la defensora europea, de origen irlandés, el Valedor arguye su petición por las «dramáticas» posibles repercusiones económicas y sociales que la devolución del «tax lease» supondría para el sector naval y para el conjunto de la sociedad gallega.
El Valedor rebate la petición de devolución de las ayudas indirectas debido a la bonificación fiscal en distintos aspectos. Entre ellos, señala que la participación como inversor en el esquema de deducciones fiscales «no estuvo legalmente limitada a residentes en el Estado español», sino que permaneció abierta a cualquier inversor comunitario que tuvo la posibilidad de integrarse en las agrupaciones de interés económico beneficiarias de este régimen, por lo que «parece difícil afirmar el carácter selectivo». También argumenta que los beneficios fiscales «no se reconocen exclusivamente a agrupaciones de inversores que financien la construcción de buques en astilleros españoles», sino que está contemplada también para la fabricación de navíos en establecimientos situados en el resto del territorio de la Unión Europea.
Como tercer punto, señala que la posible devolución del «tax lease» por parte de los beneficiarios supone «una quiebra patente del principio de confianza legítima y una ruptura de la seguridad jurídica que debe amparar a toda persona física o jurídica». Del mismo modo, apunta que «resulta fundamental que la Comisión Europea pueda actuar con discrecionalidad en la defensa de la libre competencia y en la persecución de las distorsiones del mercado interior», pero añade que, para que el ejercicio de este poder no genere arbitrariedad, «resulta igualmente esencial que se produzca un respeto escrupuloso de los derechos de los administrados». «Y en el expediente del «tax lease» español la protección de estos derechos queda en duda», advierte.
A juicio del defensor gallego, en este caso no se trata de que, de acuerdo con una «consolidada pero discutible práctica comunitaria», las empresas deban corresponsabilizarse de la recepción de las ayudas cuando el Estado que las concedió «no cumplió con su obligación formal de notificarlas a la comisión», sino que en este asunto «la situación de desprotección de los beneficiarios es aún más aguda puesto que la comisión alega que las eventuales ayudas concedidas por la administración son sólo parcialmente ilegales».
Para el Valedor, obligar a un operador económico a realizar el juicio material de determinar que parte de la ayuda recibida es conforme a derecho comunitario y que parte no lo es, «resulta desproporcionado». «Sobre todo -añade- si tenemos en cuenta que cada operación fue visada y autorizada por la Agencia Tributaria del Estado miembro».
Finalmente, aduce la «confianza legítima» de los operadores beneficiarios de las deducciones en el sistema del «tax lease» que se vio «reforzada por la aceptación del esquema que hizo en diversas comunicaciones la anterior comisaria de la Competencia», así como por el hecho de que la Comisión «no reaccionó ante la denuncia formulada en mayo de 2006 hasta el mes de junio de 2011». Con su «inactividad» durante cinco años, da a entender «la validez del sistema».
Con todos estos argumentos, el valedor ha trasladado un escrito a la comisaria europea, con el fin de que estudie toda la documentación e inicie las actuaciones de investigación que le corresponden y, de este modo, «se dirima la posible vulneración del os principios de buena administración» por parte de la Comisión Europea.