Está siendo noticia preocupante la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional de Alemania respecto a las compras de deuda pública en el mercado secundario por parte del BCE. Una medida que fuera anunciada para evitar que la prima de riesgo se disparase en países como España o Italia a cambio, eso sí, de una petición formal que tendría graves consecuencias respecto a la ya escasa soberanía presupuestaria de nuestros países. Obviamente, esto no es lo que preocupa en Alemania. Allí lo que preocupa es si por esta vía se imponen riesgos y costes a los contribuyentes alemanes. Coloquialmente: si por ayudar a que los deudores (España, Italia) de los financieros alemanes no entren en coma económico, los ciudadanos van a tener que pagar más impuestos o hacer ajustes en sus gastos públicos. Nada de mutualizar, nada de que metan la mano en sus bolsillos.
Como bien se observa, nuestros acreedores alemanes manejan un blindaje constitucional para evitar que nuestras deudas salpiquen sus cuentas públicas. ¿Qué sucede mientras tanto con nuestra Constitución? En agosto del 2011 un agónico presidente del Gobierno sorprendía al Congreso con una propuesta de reforma exprés de la Constitución, a la que se sumó de inmediato el Partido Popular en la oposición. Se aprobó y modificó el artículo 135 para reforzar la estabilidad presupuestaria, pero, al tiempo, para dar prioridad absoluta a los pagos de intereses y amortización de las deudas públicas e impedir enmiendas o modificaciones que pusiesen en peligro esa prioridad.
De manera que mientras en Alemania se parapetan en su Constitución para que sus deudores no les metan las manos en los bolsillos, en España reformamos la nuestra para que lo más prioritario sea cumplir con los acreedores. Por eso este año nadie discute que haya que pagar casi 40.000 millones de intereses de la deuda y, al tiempo, hacer recortes. Recortes en nuestros bolsillos.
Zapatero y Rajoy inauguraron así -y compartieron- una curiosa política de Estado respecto a la eurozona que convertía en constitucionalmente preferentes, estas sí, nuestras deudas, mientras nuestros acreedores se afanan en declarar inconstitucional cualquier coste derivado de gestionar el riesgo en que incurrieron como inversores.
Una curiosa ley del embudo germanófila que Rubalcaba y Rajoy habrían actualizado en su reciente pacto de Estado sobre políticas europeas. Un pacto que es un brindis al sol de políticas que descansan en la premisa de que el BCE seguirá sin financiar directamente a los Estados, y de que es pecado mortal mutualizar las deudas.