El adiós a Banesto marca el arranque del 2013

amparo estrada MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

07 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El sector financiero español inicia un nuevo año con el objetivo de culminar el proceso de reestructuración financiera, que no acaba con la recapitalización con fondos públicos europeos de las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia, ya vendido a La Caixa). También el Banco Santander ha aprovechado el vuelco que se va a producir en el mapa bancario para llevar a cabo la absorción de sus filiales Banesto y Banif y reforzar su posición.

Esta semana, el Santander tiene previsto aprobar la fusión, una operación que conllevará el cierre de 700 oficinas con la consiguiente reducción de personal, aún no cuantificada por la entidad financiera, pero que los sindicatos sitúan en torno a las 3.000 personas. Lo que sí ha anticipado el banco es que no habrá expediente de regulación de empleo, sino que se hará mediante bajas incentivadas o recolocaciones. Banco Santander prevé lograr unas sinergias de 520 millones de euros, 100 millones en ingresos y 420 en ahorro de costes.

Además, se reactivará en los próximos días la venta de Catalunya Banc, una vez recapitalizada y traspasados todos sus activos tóxicos a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o banco malo). El proceso de subasta se inició en el 2012, pero fue suspendido temporalmente por el FROB hasta que se valoraran las necesidades de capital y se llevara adelante el préstamo europeo al sector bancario. Entre las entidades que mostraron su interés por Catalunya Banc se encuentra el propio Santander, que es el mejor posicionado para hacerse con la entidad. En ese grupo de interesados en la subasta que se aplazó el año pasado figuraban BBVA (que ha reforzado su presencia en Cataluña con Unimm), Sabadell (que ha adquirido el negocio de Banco Mare Nostrum en Cataluña y Aragón), Kutxabank y Popular (que ha concluido una ampliación de capital para no tener que recurrir a ayudas públicas para cumplir los nuevos requisitos de solvencia).