El resto de las organizaciones agrarias gallegas viven también una delicada coyuntura económica, aunque no ha llegado a una situación tan extrema como la de Xóvenes. A comienzos del pasado mes de mayo, el Sindicato Labrego Galego (SLG), la organización representativa del sindicalismo agrario nacionalista, presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a la totalidad de su plantilla, donde trabajan poco más de medio centenar de personas. No se trata de un proceso de extinción de las relaciones laborales sino de suspensión temporal de la actividad, de manera que los trabajadores perciben una parte de su salario de la propia organización y otra de las prestaciones por desempleo.
Unións Agrarias (UU.?AA.) también ha aplicado drásticos recortes en los últimos tiempos; ahora mantiene una plantilla de 30 empleados, pero solo en los dos últimos años ha prescindido de 60, lo que ha supuesto el cierre de algunas oficinas. A esto se suman otras medidas como la reducción de salarios y la no renovación de los empleados eventuales. «Nuestra financiación depende en un 55 % de las cuotas de los afiliados, y a esto se suma que como consecuencia de la política de la Consellería do Medio Rural nosotros nos hemos visto obligados a prestar más servicios agrarios en el campo», precisan desde el sindicato.
Lejos de autofinanciarse con cargo a cuotas de los afiliados o de recurrir a nuevos mecanismos de financiación, el sindicalismo agrario ha desarrollado en la última década una estructura enorme con cargo a los programas de gestión, sufragados con fondos comunitarios y que han caído a menos de la mitad.