De Guindos lo confirma: el rescate se quedará con parte de las preferentes

Los cerca de 700.000 titulares de participaciones preferentes que están retenidas en los bancos españoles por valor de 7.500 millones de euros se han convertido en un problema de Estado, ahora agravado por las condiciones del rescate que España ha solicitado a la UE para sanear el sistema financiero.

Los socios comunitarios que hacen las veces de prestamistas ya advirtieron en el borrador del memorando que fija las condiciones del préstamo (un crédito de hasta 100.000 millones de euros) que los accionistas o tenedores de participaciones preferentes en entidades que vayan a pedir ayudas sufrirán una quita de sus inversiones. Por si quedaba alguna duda, el ministro de Economía, Luis de Guindos, con firmó ayer que «los clientes que compraron preferentes de bancos que necesiten ser rescatados tendrán que contribuir a la reestructuración de la entidad, por lo que no podrán recuperar toda su inversión», afirmó en respuesta a una interpelación en el Congreso.

De Guindos se refirió a las modificaciones legales emprendidas por el Gobierno contra la colocación de participaciones preferentes a minoristas. «No tendrán, por desgracia, carácter retroactivo», aclaró.

El ministro se remitió a la normativa europea de Competencia, que hasta ahora no ha permitido los canjes o recompras de este tipo de participaciones en los casos de entidades financieras beneficiarias de ayudas públicas, como es el caso de Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Caixa, que, junto con el Banco de Valencia acudirán al fondo de rescate. Juntas, estas tres entidades suman más de 4.500 millones en este tipo de producto financiero sin canjear.

La Fiscalía, proactiva

La entidad gallega NCG cuenta con más de 43.000 clientes de preferentes afectados y cerca de 1.000 millones sin posibilidad de devolución, a excepción de los casos en los que, bien a través de la Justicia o por la vía del arbitraje se declare la nulidad de la operación, como ya ha ocurrido en un caso reciente.

Sobre este conflicto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo ayer en A Coruña que la Fiscalía seguirá siendo «muy proactiva» en las investigaciones sobre el sistema financiero español y no ha descartado estudiar una posible gestión fraudulenta en la cajas en las que ya se investigan las indemnizaciones a sus exdirectivos.

El PSOE presentó ayer una enmienda a la reforma financiera en la que propone que antes de seis meses se ofrezca a los titulares de preferentes el canje por depósitos a plazo fijo.

Los cambios legales para controlar la venta de preferentes no serán retroactivos

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