Solo cuando las comunidades hagan cuentas se sabrá si es posible recortar 10.000 millones
22 abr 2012 . Actualizado a las 18:58 h.El Gobierno ha hecho sus cuentas: 7.000 euros menos para sanidad y 3.000 para educación. En total, la cifra mágica de 10.000 millones de euros. Pero es un número, a día de hoy, sobre el papel, ya que quienes realmente tendrán que hacer las cuentas son las comunidades autónomas, en las que recaerá el peso del tijeretazo. Solo entonces se sabrá si lo que ahora es una estimación se convertirá en una realidad, porque las cifras oficiales ponen números a apartados que son muy difíciles de cuantificar. Y las autonomías también ven difícil, al menos por ahora, cuantificar el impacto económico de la reforma y dudan de las previsiones del Estado.
«Las cuentas en sanidad no salen claramente, faltan datos para hacer una estimación más precisa. Las cifras del Gobierno parecen las cuentas de la vieja y no parece que haya habido un cálculo muy profundo», explica el médico y economista Enrique Castellón, directivo del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña. Las cuentas, por ahora, tampoco les salen a las comunidades, especialmente a Andalucía, que estima que el ahorro para toda España no será superior a mil millones de euros. Mientras tanto, Canarias, País Vasco y Cataluña han anunciado que solo aplicarán las medidas que sean de obligado cumplimiento y que presentarán un recurso de inconstitucionalidad a las que invadan competencias.
Del tijeretazo de Sanidad, cuyo decreto no apareció ayer en el BOE y sí lo hizo el de Educación, las cuentas del Gobierno que están menos claras son las que se recogen gasto farmacéutico y cartera suplementaria, en el que se prevé un ahorro de 3.550 millones de euros. En este apartado se incluye la medida estrella, la ampliación del copago farmacéutico que, sin embargo, es más efectista que efectiva, ya que el beneficio estimado no superará los 165 millones de euros. Falta por saber la valoración de su efecto disuasorio, algo imposible, ya que esta variable mide los posibles fármacos que dejarán de comprar los pacientes. La ampliación de los genéricos, la fijación de nuevos precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas y la extensión de la unidosis son las grandes bazas en las que se apoya el Gobierno para ajustar los algo más de 3.000 millones previstos. Pero es más una previsión que una realidad.
«Medidas valientes»
La implantación de la tarjeta sanitaria común, que reducirá las visitas y pruebas médicas innecesarias, junto con otras medidas, ahorrará un mínimo de 700 millones, algo que sí parece más cercano a la realidad, al igual que los mil millones por la compra centralizada de fármacos o los mil por la denegación de servicios sanitarios a los inmigrantes que no coticen, o el control del turismo sanitario.
En Educación, por el contrario, el ahorro de los 3.000 millones de euros previstos sí parece que está más al alcance.
Los ajustes fueron defendidos ayer por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que calificó las medidas de «justas, valientes y necesarias». Lamentó que el 30 % de los universitarios no acaben su carrera, lo que cuesta al Gobierno 3.000 millones de euros al año.