El dato del IPC de noviembre revela que muchos pensionistas españoles, más de 5,5 millones de personas, van a ver reducidas sus pensiones en términos reales. Esto es, van a perder poder adquisitivo. Porque la utilización del término congelación es una trampa. Se congela cuando las pensiones o los salarios crecen lo mismo que los precios.
Pero si las pensiones no se aumentan nada y los precios suben se está provocando una reducción real de las pensiones. En especial, como es el caso, cuando la inflación es alta. El dato del IPC de noviembre permite calcular que los jubilados que cobren la pensión media van a perder 350 euros este año y todos los que le quedan de cobrar pensión, salvo que el próximo Gobierno decida compensar esta pérdida que se va a extender a lo largo de toda su vida como pensionista.
Es cierto que las pensiones mínimas van a ser actualizadas en un 1,9 % por la diferencia entre el 1 % de aumento inicial y el IPC de noviembre. Pero es que la cuantía es tan baja que ya no se pueden reducir más.
En los últimos años las pensiones mínimas crecieron de forma sensible, pero aún así, hay que recordarlo, son de 742 euros la mínima contributiva con cónyuge a cargo y de 601,40 sin cónyuge.
La pensión media en España es de 803,9 euros al mes y en Galicia es todavía inferior, de tan solo 673,21 euros. Son cifras muy bajas y por lo tanto no deberían sufrir más recortes. Para eso se firmó el Pacto de Toledo y se incluyó el compromiso de actualización automática de su cuantía a la subida de los precios. La estrategia era clara: asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en cualquier situación.
El año 2011 supone una ruptura con esta estrategia que no se debería volver a repetir, aunque el discurso económico dominante está lleno de amenazas. Eso que llaman la devaluación interior para ser competitivos consiste en bajar los salarios de los trabajadores en activo y las pensiones de los jubilados. Algo inaceptable en ambos casos.