El Parlamento gallego se convirtió ayer en la primera Cámara autonómica en reclamar formalmente, y además por unanimidad, una reforma de la Ley Hipotecaria dirigida a consagrar el principio de la dación en pago, de tal forma que la entrega de una vivienda sirva para zanjar la deuda hipotecaria contraída con el banco. El acuerdo vio a luz a raíz de una iniciativa promovida por la diputada del BNG Isabel Sánchez Montenegro, que transaccionó su propuesta con el PP y el PSdeG para instar a que la Xunta reclame ante el Gobierno central «as reformas legais precisas», dice el acuerdo final, para que «como regra xeral e para os debedores de boa fe» con la entrega de las llaves de un inmueble se considere saldada la deuda hipotecaria en su integridad.
Socialistas y populares suavizaron el texto para remarcar que la dación en pago se reconocería solo cuando el inmueble entregado «constituíse a vivenda habitual e única do debedor», quien no tendría otras posibilidades patrimoniales de hacerle frente al acreedor.
De lo que se trata es de «protexer os intereses dos máis débiles, que neste caso son os cidadáns», manifestó Sánchez Montenegro, quien recordó que en los dos últimos años, 2009 y 2010, algo más de 3.500 familias gallegas perdieron su vivienda por la imposibilidad de hacerle frente al crédito hipotecario.
La socialista María José Caride justificó el apoyo de su grupo a la propuesta del BNG arguyendo que un acuerdo de este tipo «evitaría a exclusión social e reduciría a economía mergullada». El popular Alberto Sueiro planteó seguir un consenso similar al que se alcanzó en el Congreso, pues remarcó que las responsabilidades de haber llegado a este punto son compartidas por el sector público, la banca y la «excesiva exposición ao risco» de los consumidores.
Los redondeos del Popular, anulados
El Tribunal Supremo falló ayer en contra del Banco Popular por llevar a cabo redondeos en los créditos hipotecarios, una práctica que considera abusiva «por no haber sido negociada individualmente, causando en contra de las exigencias de la buena fe y en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato». La sentencia ratifica una anterior.