El presidente del CES señaló que el volumen de extinciones improcedentes en el 2009 es «difícil de explicar»
29 jun 2010 . Actualizado a las 03:12 h.Como «difícil de explicar» calificó ayer el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, la elevada cifra de despidos improcedentes, es decir, sin que el empresario haya alegado «causa ni motivo alguno», registrada en el 2009, cercana al medio millón de casos. Así lo afirmó Peña en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, donde también aseguró que tal situación se debía a que el «tejido empresarial» en España está «muy atomizado» y es «frágil», pues frente al más de un millón de pequeñas empresas que tienen menos de cinco empleados, apenas hay 4.500 que superan los 250 trabajadores. Marcos Peña señaló que los efectos de la crisis económica sobre el empleo han sido «devastadores», y desgranó -para ilustrarlo- algunas de las cifras que sobre la actividad laboral recoge el último informe anual del CES. En ese sentido, llamó la atención sobre la salida masiva del mercado de trabajo, que durante el 2009 registró el despido de 1.367.700 trabajadores, de los que el 31%, es decir 424.607, fueron extinciones improcedentes, mientras que otros 767.032 (el 56% del total) correspondieron a la finalización de contratos temporales. La necesidad de mejorar la formación de los trabajadores, la preocupante tasa de paro de los más jóvenes (la mitad de los que buscan trabajo no lo encuentran, insistió) o la mayor resistencia del empleo femenino en esta crisis fueron otros aspectos sobre los que se detuvo. Además de defender la labor de los sindicatos durante la presente crisis, alertando de que en los últimos años se había producido un «proceso deslegitimador, nocivo para el país como país», también abogó por la necesidad de acometer distintas reformas -financiera, educativa, energética, etcétera.-, mientras que sobre la próxima, la del sistema de pensiones, insistió que debe hacerse «donde se tiene que hacer», en la Comisión del Pacto de Toledo. También defendió Peña la posibilidad de modificar la tributación de las Sicav, los vehículos de inversión para muchas de las grandes fortunas del país, poniendo en duda que una subida de los impuestos provocase necesariamente una fuga de capital, como ha argumentado reiteradamente el Ejecutivo. «No hay otra solución» A las afirmaciones Peña respondió horas después el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien -tras clausurar unas jornadas sobre reforma laboral- declaró a los medios que cuando los empresarios recurren en un 80% de los casos al despido improcedente, con una indemnización de 45 días por año trabajado en lugar de los 20 fijados para las extinciones objetivas, «es fácil comprender que no han encontrado otra solución». El presidente de la patronal aseguró que el abultado -y poco lógico en una situación de crisis económica- porcentaje de extinciones improcedentes «prueba que el mercado de trabajo era obsoleto y que no podían demostrar nunca las causas económicas o funcionales para hacer un despido objetivo». Causas económicas poco claras Gerardo Díaz Ferrán también aprovechó la ocasión para advertir que si la reforma laboral que se está tramitando en el Congreso no clarifica las causas económicas para acogerse a un despido objetivo, las chocantes cifras del 2009 se repetirán, ya que aunque esté recogido en el Estatuto de los Trabajadores, las empresas seguirán sin poder utilizarlo. «Nos tenemos que va a seguir sin funcionar porque siguen sin estar claras las causas y los procedimientos», aseguró.