La Eurocámara vota hoy 400 enmiendas a la directiva de liberalización de los servicios, que el miedo al «dumping» social rebautizó en Francia con el nombre del literario monstruo
15 feb 2006 . Actualizado a las 06:00 h.?os franceses la bautizaron como directiva Frankenstein por el pánico que les provocaba la posibilidad de que su protegido mercado laboral se abriera de la noche a la mañana al dumping de los trabajadores de los países del este. Sin embargo, el espíritu neoliberal de aquella propuesta, ideada en enero del 2004 por el entonces comisario de Mercado Interior, el holandés Frits Bolkestein, está tan recosido y parcheado que el apodo parece creado a propósito: la directiva de liberalización de los servicios que hoy se vota en el Parlamento Europeo es un verdadero monstruo legislativo, y sobre su contenido aún existen gran cantidad de sombras. ¿Qué es la directiva de servicios? La idea de Frits Bolkestein era liberalizar el sector servicios de la UE, que representa más de dos tercios del PIB europeo, para hacer efectiva la libre circulación de empresas por todo el territorio de la Unión. Además, planeaba hacer extensiva esa apertura a los servicios públicos. ¿Qué proponía en su redacción original? De llevarse a cabo tal y como estaba redactada originalmente, la directiva permitiría que cualquier empresa instalada en cualquier país de la UE contratase empleados de otro estado miembro ateniéndose a la legislación laboral del país de origen del trabajador. Es decir, que un fontanero polaco contratado por una empresa finlandesa instalada en España tendría las mismas condiciones laborales -salarios, negociación colectiva, derechos sindicales, indemnizaciones por despido, cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera- que si no hubiese emigrado. ¿Quiénes la apoyan y quiénes la rechazan? Los defensores de la completa liberalización de los servicios aseguran que se crearían millones de empleos y se abaratarían los costes empresariales, lo que redundaría en beneficios para los consumidores en forma de precios reducidos para muchos servicios empresariales y profesionales, desde los transportes a la fontanería o la medicina, por poner algunos ejemplos. Los principales partidarios son los empresarios, aunque también, con muchos matices, gobiernos como los de España y Reino Unido, que en una carta enviada a la Comisión Europea la semana pasada junto a otros cuatro países reclamaron un liberalización suavizada que corrigiese los aspectos más polémicos de la directiva. Los detractores de la propuesta son los trabajadores de los países más desarrollados y sus sindicatos, que temen que se generalice una suerte de competencia desleal entre europeos del este y del oeste que acabaría por fomentar una drástica reducción de los salarios y de las condiciones laborales. Además, advierten de que sería un primer paso para la privatización de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. 4 ¿Por qué se ha retrasado tanto el debate? En junio del año pasado, Francia consiguió que se congelara la discusión sobre la directiva, que en su país estaba causando verdaderos estragos políticos. De hecho, la figura del fontanero polaco se convirtió en el icono de los defensores del No a la Constitución Europea, que consiguieron triunfar en el referendum francés y sumir a su Gobierno y a toda la UE en una crisis de la que nadie se ha levantado aún. Polonia, en cambio, utilizó la polémica a su favor: inició una campaña para atraer turistas utilizando como reclamo la imagen de un modelo rubio y macizo disfrazado de fontanero metrosexual. ¿Qué es lo que vota hoy el Parlamento Europeo? La Eurocámara decide hoy sobre un paquete de 400 enmiendas a la directiva original que, con toda probabilidad, dejarán el texto irreconocible. Fuentes del Parlamento daban ayer por hecho la supresión del principio del país de origen, tal y como establecen varias enmiendas pactadas por socialistas y populares. Entre ellas, las número 72 y 297, relativas al artículo 1 de la ley: la norma «no afectará al derecho laboral ni, en particular, a las disposiciones relativas a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho de llevar a cabo acciones sindicales y el derecho a establecer convenios colectivos»; y «no se aplicará o afectará al derecho laboral, en particular a cualquier disposición legal o contractual relativa a las condiciones de empleo o de trabajo, incluida la salud y seguridad en el trabajo o las relaciones entre empresarios y trabajadores». Desde las diez de esta mañana, los eurodiputados decidirán también sobre varias enmiendas que quieren excluir de la ley a la abogacía, a las notarías, a la medicina pública y privada, a los juegos de azar, a la seguridad privada, a los taxis, a los servicios portuarios y a las farmacias, entre muchas otras prestaciones.