Los funcionarios, a por el IPC

La Voz

ECONOMÍA

ÁLVARO BALLESTEROS

MARIO BERAMENDI EN DIRECTO Miles de empleados públicos se echan a la calle para exigir una subida salarial arece

13 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.

un día como otro cualquiera. Que haya unos policías a las puertas de la Xunta resulta normal. Y que se produzca una protesta, también. Los edificios administrativos de San Caetano son a las movilizaciones sociales lo que La Meca a los musulmanes: un templo. Unos rezan y otros se manifiestan. Así las cosas, la concentración de doscientos delegados sindicales de ayer es, para muchos ciudadanos, un acontecimiento más típico que un llavero del botafumeiro. Para los manifestantes y los 130.000 empleados públicos que hay en Galicia, en cambio, la protesta no resulta un hecho tan pueril porque acusan al Gobierno y a la Xunta de haberles agujereado los bolsillos durante el último decenio. Los presupuestos públicos constituyen la aguja que abre un boquete a cada funcionario. La pérdida de trece puntos de poder adquisitivo. En leguaje llano, según Antonio González, empleado de Hacienda, quiere decir que un auxiliar administrativo percibiría ahora 40 o 50.000 pesetas (300,51 euros) más si le hubiesen actualizado su sueldo desde 1991 en base al IPC real y no al previsto. Dori Penas, dependienta de un supermercado cercano al lugar de la protesta, sostiene una caja de cosméticos en la mano. Y sostiene otra cosa. Dice que los funcionarios tienen derecho a reclamar lo que quieran, pero que la pérdida de dinero con el paso de los años es un problema que afecta a todos. Y algunos, lamenta, tienen jornadas «como yo, de 12 horas diarias». Mientras la manifestación rodeaba la glorieta de San Caetano, otros mil delegados se concentraban en el resto de ciudades de Galicia. Y también al mismo tiempo, cientos y cientos de empleados públicos y privados hacían lo de todas las mañanas: trabajar. José Mogo, asesor fiscal, es uno de ellos. Considera que los funcionarios tienen derecho a negociar. Sobre todo, aquellos de niveles inferiores, a quienes afecta más la política de gasto público. Pero advierte que, cualquier funcionario, sea de la categoría que sea, tiene dos privilegios que relucen como el oro en el contexto de recesión actual. Trabajo y sueldo asegurado. Pedir justicia Ayer, en la calle, se comprobaban varias cosas. Primero, que había una protesta. Segundo, que el tejido laboral de la sociedad la comprende. Y tercero, que todos los que no son funcionarios hacen algunas objeciones. Dicen que trabajan más horas y cobran menos. En el interior de la protesta, los manifestantes piden lo mismo que el resto de empleados de la sociedad. Igualdad. El argumento dice que si todos los trabajadores tienen derecho a revisar sus salarios por convenio, los funcionarios también deberían poder hacerlo. María Jesús Varela, pancarta en mano, lo aclara. Y pide al Gobierno que incremente el 2% los salarios y que cumpla íntegra la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a restituir a los 130.000 empleados públicos gallegos la congelación salarial aplicada en 1997. Los funcionarios volvieron a anunciar ayer nuevas movilizaciones, más contundentes. Pero no está claro de qué tipo. Tampoco se sabe si el Gobierno y la Xunta negociarán con los trabajadores de la función pública. De momento, en la calle, sólo está clara una cosa. Todo el mundo quiere cobrar más.