La Audiencia absolvió a los cuatro acusados de un caso de presunta administración desleal que partió de Lalín y fue juzgado en la sección cuarta. Antes de la vista, el fiscal ya pedía la absolución alegando que no veía delito al entender que no quedó acreditado que, una persona, ya fallecida, que fue declarada en concurso de acreedores, «puesto de común acuerdo con los acusados realizaran operaciones con el objetivo de despatrimonializar la sociedad en perjuicio de sus acreedores».
Cree que no consta que una de las personas acusadas simulara un crédito para la ganadería en cuestión llevando a cabo un procedimiento judicial para su reclamación con el único fin de grabar el patrimonio de la mercantil y perjudicar a una empresa. Y considera que no quedó acreditado que las operaciones de aumento de capital social lo fueran por créditos ficticios y con la finalidad de gravar el patrimonio de la mercantil con deudas inexistentes. La persona fallecida en 2019 fue declarada en concurso de acreedores por un auto judicial del 2010. El fallo judicial impone el pago de las costas procesales a la acusación particular entendiendo que se aprecia «existencia de mala fe y temeridad al haber mantenido una acusación insostenible e ilógica a sabiendas». Contra el fallo cabe un recurso de apelación ante el TSXG.