La plantilla del servicio de basura suspende la huelga pero sigue en lucha

La Voz A ESTRADA / LA VOZ

DEZA

14 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La plantilla del servicio de recogida de basura y de limpieza de calles de A Estrada —contratado por el Concello a la empresa Geseco— ha acordado suspender la huelga convocada inicialmente para los días 16, 17 y 18 de este mes para tratar de forzar la negociación de un convenio propio.

La decisión ha llegado tras la reunión mantenida este viernes por la mañana entre la patronal y los representantes de los trabajadores con la mediación del Consello Galego de Relación Laborais. Según explicó ayer el responsable de CIG-Servizos para las comarcas de Pontevedra y Deza-Tabeirós, Javier Dapena, la negociación se prolongó durante más de cinco horas. «Saímos cun acordo onde, quitando o ano 2026, estaba case todo supeditado á concesión do servizo por parte do Concello», explicó el portavoz sindical.

Los representantes sindicales le trasladaron durante la tarde de ayer el acuerdo a la asamblea de trabajadores. «Ao non ser satisfactorio para os traballadores, decidiron seguir negociando, suspender a folga e seguir con movilizacións», indicó Javier Dapena.

El BNG de A Estrada se pronunció también públicamente sobre este conflicto laboral. En una nota de prensa remitida ayer hizo pública su solidaridad con los trabajadores de Geseco.

Para el protavoz nacionalista, Xoán Reices, esta situación no es un conflicto aislado entre empresa y cuadro de pesonal, sino el resultado «dunha xestión política nefasta». El BNG responsabilizó al alcalde estradense, Gonzalo Louzao, de la sitaución de precariedad de los trabajadores. «Non se pode mirar para outro lado cando o servizo básico de limpeza da nosa vila está en mans dunha empresa que asfixia aos seus empregados mentres recibe cartos públicos», dijo Reices

Los nacionalistas hablaron de «ilegalidade manifesta» en la contratación de la empresa que presta el servicio al «prorrogarse de facto un contrato caducado sen abrir un novo proceso de licitación». Explicaron que, mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito, «o goberno local entregou 776.000 euros a dedo a unha empresa que vulnera os dereitos laborais máis básicos».