La Fiscalía toma con cautela el incremento y no establece una causa efecto directa con la crisis
05 oct 2013 . Actualizado a las 08:00 h.Podría tener cierta relación, pero no me atrevería a decir que es por la crisis». Sería una opinión de Juan Carlos Aladro, el fiscal jefe de Pontevedra, que ayer evitó darla en la presentación de la Memoria de la Fiscalía del año 2012. Los datos son los que siguen. Se incrementan los robos en casas habitadas, también los de violencia con intimidación, los robos de vehículos, las estafas y los delitos de receptación -aquellos en los que se incurre al aceptar material robado-. Se trata de una delincuencia asequible, que no necesita de una elevada especialización, pero que es muy permeable a las capas sociales más afectadas por la crisis.
De hecho, en el caso de los delitos contra el patrimonio, la propia memoria lo constata. «Es evidente que la especial situación del país, posiblemente hará que estos delitos incrementen sus números, en especial aquellos que se derivan de sus formas comitivas menos violentas».
En líneas generales, igual
Aunque en líneas generales no se advierte por parte de la Fiscalía un incremento de «ilícitos en la provincia», sí se aprecia un incremento en los apartados mencionados, a los que hay que sumar un incremento también del tráfico de drogas. Y los porcentajes de incremento son especialmente significativos, según reconoció el propio Juan Carlos Aladro, porque son delitos de grandes números.
Él mismo puso un ejemplo. Si un año hay un asesinato y al siguiente dos, el incremento será del cien por cien en una estadística claramente distorsionada. Ocurre, sin embargo, que los incrementos se constatan ahora en delitos que se producen en un gran número. Y ahora más. Los robos con violencia se incrementan en un 31,8 %; los de robos en casas habitadas en un 21,3 %; los robos de vehículos en un 41 %, las estafas en un 14,5 % y los de receptación de material robado en un 17,2 %.
La Fiscalía muestra especial preocupación por algunos de ellos. «Los robos con violencia o intimidación aumentan un 31,8 %, cantidad preocupante pues estos ilícitos, causan una cierta inseguridad y desasosiego ciudadano», dice el texto que recopila los datos del 2012. Y continúa el texto apuntando algunas causas al incremento de otros delitos, como los fraudulentos, que se incrementan un 13,8 %. «Al tratarse de delitos económicos y de defraudaciones, sin duda alguna el momento actual es un campo abonado para la comisión de estos ilícitos, que el año anterior se habían reducido un 16,18 %». El rebote que reproduce la estadística hace que sus valores actuales se coloquen a los niveles del año 2009.
Estadística en Deza y Tabeirós
La memoria de la Fiscalía cifra en 451 las diligencias previas del juzgado número 1 de Lalín que cuenta con un proceso de sumario, 85 abreviados y 44 urgentes. En el Juzgado número 2 son dos los sumarios que se siguen, a los que se suman 711 diligencias previas, 68 procedimientos abreviados y 51 urgentes.
En los de A Estrada las cifras son similares. Una de las diferencias es que en ninguno de los dos juzgados estradenses, según consta en la memoria de la fiscalía del pasado año, se sigue ningún proceso por sumario. En el número 1 son 544 las diligencias previas, 101 los procedimientos abreviados y 34 los urgentes. En el número 2, la memoria arroja otros números: 370 diligencias previas, 23 procedimientos abreviados y 20 urgentes.
Necesidad forense en la zona
Ni los juzgados de A Estrada ni los de Lalín cuentan con fiscales permanentes sino que tienen adscritos fiscales pertenecientes a la Fiscalía de Pontevedra lo que suele causar bastante movilidad. En la memoria del pasado año los fiscales hacen constar algunas necesidades de la zona en materia forense. Explican que la organización territorial del Imelga genera determinadas disfunciones «por la insuficiencia de medios de determinados partidos judiciales principalmente en los de A Estrada y Lalín lo que genera retrasos importantes en la tramitación de las diligencias procesales y en los procedimientos». Unas dilaciones que achacan a la «insuficiencia de médicos forenses asignados a estas zonas», aunque se subraya también la consolidación de la colaboración con el Imelga.