La defensa de Horacio Gómez aprovechó la penúltima jornada de la vista oral por el concurso del Celta para pasar al ataque y cargar contra Carlos Mouriño. Aprovechó la presencia como testigos de los hombres de confianza del expresidente durante su estancia en el club y la existencia de una resolución del Tribunal Supremo por importe de 8,2 millones correspondiente a las actas del IVA entre los años 1996 y 2000, que supuestamente tanto el club como la administración concursal conocían y habían ocultado.
Carlos del Campo, el secretario de la LFP, desveló la existencia de dos sentencias del Tribunal Supremo del pasado mes de enero, una de ellas referente al Celta. Durante una de sus intervenciones, Javier Tebas, el abogado de Alfredo Rodríguez, dejó caer en voz alta que había materia para llevar el caso más allá de un juicio civil. Más tarde, tradujo una amenaza que hoy podía concretar en las conclusiones finales. «Hay documentos importantes para resolver este procedimiento que están en los archivos del Celta, por ejemplo hay una sentencia de febrero, importantísima que afecta a las actas de Hacienda. Se acusa al consejo de Horacio de ser imprudentes y resulta que ese recurso está ganado y estamos hablando de casi 10 millones».
La resolución en cuestión, ganada por prescripción, corresponde al IVA entre el 96 y el 2000, con un principal de 3,7 millones, unos intereses de 2 y una sanción de 2,4. En total 8,2. Tebas mantiene que tanto el Celta como la administración concursal conocían la noticia desde el mes de marzo y los acusó de ocultación. «La más importante de todas las actas, la única que hay sentencia firme del Tribunal Supremo, ha dado la razón al Celta. Es definitiva y no se ha puesto en conocimiento, me parece indignante». Dejó la puerta abierta a la presentación de una demanda, tanto al Celta como a los administradores. Anunció que hoy presentarán como prueba esa acta.
No fue el único ataque a Mouriño. Al actual presidente lo acusaron de querer mantener a Sebastián Méndez en el balance cuando regresó a Argentina. Lo hizo el exgerente Sabino López: «Cuando le quedaba un año de contrato, se le dijo que no interesaba y él tenía la opción de irse al San Lorenzo de Almagro, pero Mouriño y Manuel Estévez [la persona de confianza del actual presidente] dijeron que no interesaba darle de baja y se cedió por un año, así no se liquidaba y se seguía amortizando».
También recibió críticas por el caso Catanha. El testigo de la Liga dijo que la mayoría de los clubes no anunciaban las renovaciones mientras hubiese contrato en vigor y el mismo Tebas apuntó que llevó un litigio ante la FIFA tras su salida de Rusia.
Extravío intencionado
El extravío del libro de actas también fue utilizado contra Mouriño. Pablo Viana, que en su día fue asesor jurídico del club, apuntó en su declaración que «cuando se denunció el extravío del libro, estaba en el sitio de siempre, ese libro nunca se extravió», indicando que en noviembre del 2006, Ángel Piñeiro, entonces secretario del consejo, quería cambiar el modelo de redactar a mano por otro más moderno tipo archivador. Como quedaban muchas páginas, recibió el encargo de ir al notario y pagar la minuta por una diligencia de pérdida.
Se denunció además que un acta de agosto del año 2006 se había pasado a firmar sin llegarse a celebrar un consejo real.