Denuncian que las expropiaciones en monte Mero abaratan el coste para la Xunta en 40 millones de euros
OLEIROS
El Gobierno gallego rechaza las acusaciones, defiende la valoración del suelo y recuerda que asumirá los costes de urbanización
17 nov 2025 . Actualizado a las 14:12 h.La polémica por el desarrollo urbanístico del monte Mero, en A Coruña, volvió a intensificarse después de que el alcalde de Oleiros y portavoz de Alternativa dos Veciños (AV) en la Diputación Provincial, Ángel García Seoane, denunciara este lunes en Radio Voz que el sistema elegido por la Xunta —la expropiación directa— permitirá a la Administración autonómica adquirir los terrenos por un valor «muy por debajo» del precio de mercado. Según sus cálculos, la operación supondría un gasto de 4,2 millones de euros, frente a los 43,68 millones que costaría si el pago del suelo se realizara mediante una junta de compensación y con precios equivalentes a los registrados recientemente en Oleiros.
El regidor explicó que el proyecto afecta a 420.000 metros cuadrados situados entre Eirís y la antigua fábrica de armas, donde la Xunta prevé construir alrededor de 4.000 viviendas, de las cuales más de 3.200 serán de protección pública. Señaló que el ámbito está clasificado como urbanizable en el plan general de A Coruña y que la actuación incide sobre más de 200 propietarios y 38 edificios habitados. García Seoane criticó que la Xunta contemple pagar 10 euros por metro cuadrado cuando, aseguró, en Oleiros terrenos de características similares se han abonado recientemente a 104 euros. En su opinión, esta diferencia también abarataría de forma excesiva los costes para los futuros promotores, que pagarían «mil euros por vivienda» frente a los 14.000 euros que resultarían con las valoraciones más altas.
El alcalde calificó la operación como «a maior especulación da historia da Coruña por parte da Xunta coa convenencia do Concello» y animó a los propietarios afectados a acudir a los tribunales. En la actualidad existen tres recursos presentados en los juzgados que buscan paralizar el proyecto, incluyendo la suspensión de la declaración de interés autonómico y del avance de los trámites urbanísticos promovidos por la Xunta.
La Administración autonómica expresó su sorpresa ante estas declaraciones y rechazó de forma categórica cualquier insinuación de especulación. En un comunicado, argumentó en primer lugar que «non se pode valorar de igual xeito un solo rústico que un solo urbano» y recordó que la Xunta asumirá el coste de urbanizar el ámbito, algo que, afirman, el alcalde «obvia». Añadieron que se trata de terrenos «que levan décadas abandonados». En segundo lugar, negaron ánimo especulativo y aseguraron que las parcelas se pondrán a disposición de promotores y cooperativas para la construcción de vivienda protegida, con precios por debajo de mercado para incentivar la edificación y mejorar el acceso a una vivienda asequible. Finalmente, la Xunta sugirió que García Seoane «non quere que se facilite a construción no concello limítrofe» y recordó que el próximo año entrará en vigor una modificación normativa que permitirá a los ayuntamientos desarrollar suelo a través de los PIAs, invitando al propio Concello de Oleiros a utilizar esta herramienta.