El bus urbano de A Coruña, atascado entre el juzgado y el Concello

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

FEDRA MOURMOURI

El año arranca con la tarifa del transporte público congelada por decisión del gobierno local, pero las mejoras del servicio están paradas desde hace años y las dudas sobre el futuro crecen

03 ene 2022 . Actualizado a las 09:30 h.

Es 3 de enero del 2022 y el billete del bus en A Coruña vale 1,20 euros, lo mismo que hace un decenio. La Compañía de Tranvías defiende que tendría que costar 1,42 euros, de acuerdo a la fórmula que recoge la concesión, pero por decisión de los dos últimos gobiernos de la Marea y el PSOE, el precio primero se redujo y luego se estancó. Los tribunales tendrán la última palabra en un pleito que hasta ahora ha sido favorable a la empresa, y podría traducirse en una millonaria indemnización a su favor. El enfrentamiento judicial, que resolverá el Supremo, ha paralizado todas las mejoras previstas en el servicio y siembra dudas sobre su futuro, que en el 2024, cuando finalizará la actual concesión, hará frente a una encrucijada. 

El lío Administrativo

Todo en el aire. El anterior gobierno local de la Marea Atlántica tomó dos decisiones cruciales sobre el bus que terminaron en los tribunales: intentó quitarle la concesión a Tranvías en el 2016 y ordenó una bajada unilateral de 10 céntimos en el billete en el 2019. Ambas decisiones se basaron en reglamentos europeos. La primera llegó a requerir una consulta ante la Justicia de la UE, que dio la razón por completo a la empresa. La segunda encontró amparo en los Juzgados de lo Contencioso, pero el TSXG corrigió la sentencia inicial y dio la razón a la Compañía. 

El actual gobierno local, a pesar de que cada día aumenta el importe de la posible indemnización a la firma, apostó por presentar un recurso de casación ante el Supremo, aunque sus opciones de prosperar son escasas. Es posible que el recurso aún no esté resuelto en el verano del 2024, cuando finaliza la concesión, lo que complicaría todavía más una transición que se aventura difícil.

Esa suposición se basa en que el Ayuntamiento ha sido incapaz de tramitar en plazo todos los grandes contratos que se han licitado en los últimos años. El mantenimiento de zonas verdes, la ORA, la recogida de residuos, la limpieza viaria o la gestión de la planta de Nostián —que se presta de forma irregular desde enero del 2020— se adjudicaron con retraso y en varios casos con graves pérdidas de calidad en el servicio. 

Un sistema estancado

Años sin mejoras. Con algunos parches, la red de líneas del bus urbano sigue siendo la misma desde hace décadas. Ningún gobierno, el actual tampoco, se ha atrevido a reformarla, y todo indica que seguirá igual hasta que se adjudique el nuevo contrato, es decir como mínimo en el 2024. 

Tampoco se han mejorado los sistemas de pago. Los usuarios siguen dependiendo de las problemáticas tarjetas Millennium, que se averían tan a menudo que a veces se agotan las existencias para reponerlas. En pleno 2022, el bus sigue sin contar con una aplicación de pago. El anterior gobierno local anunció en el 2018 su implantación, pero los viajeros siguen esperando.

La última reforma del sistema de precios que no acabó en los juzgados la aprobó el anterior gobierno del PP en el 2015. Incluyó una tarifa plana. Desde entonces no se han producido cambios.

También han envejecido los buses. Como en el resto de los asuntos, el conflicto judicial ha paralizado su renovación. No hay vehículos nuevos desde el 2016, y la incorporación de nuevas tecnologías continúa pendiente. 

La infraestructura

Ni intermodal, ni carril bus. En el mandato 2007-2011, el gobierno PSOE-BNG implantó el carril bus en algunas calles de la ciudad. El siguiente ejecutivo del PP lo suprimió. El anterior gobierno de la Marea y el actual socialista se habían comprometido a recuperarlo, pero no lo hicieron. La Marea apostó en cambio por una red de carriles bici, un sistema de transporte muy en boga en los últimos años, pero que como ha señalado el BNG, no es universal, y menos en una ciudad en la que más de un cuarto de la población pasa de los 65 años. Esa infraestructura ha retirado plazas de aparcamiento y en algunas calles, por mera cuestión de espacio, dificulta o imposibilita la implantación del carril bus. El gobierno actual ha abundado en el modelo de la Marea, manteniendo todos los carriles bici, incluso en calles donde apenas tiene uso, y construyendo otros. 

La estación intermodal, que debía servir de nexo entre el vehículo privado, el bus y el ferrocarril, sigue sin fecha. A Coruña, que lideraba esa infraestructura en Galicia, ha pasado al vagón de cola y el pliego de la próxima concesión deberá redactarse sin experiencia sobre el impacto de la infraestructura. 

El porvenir, con nubes

El ejemplo del tranvía. Además del bus, A Coruña contaba con otro medio de transporte público colectivo: el tranvía del paseo marítimo. Fue inaugurado en el año 1997. Nunca pasó de ser un servicio turístico, aunque fue planteado como el germen del futuro metro ligero, que iba a revolucionar la movilidad en A Coruña.

Los ciudadanos han visto como la enorme inversión en el tranvía —incluida en los 60 millones de euros de la obra del paseo— se pudría ante sus ojos. El servicio se interrumpió en el año 2011. Nunca se repuso, y la catenaria y los raíles solo fueron un peligro hasta el año pasado, cuando el actual gobierno decidió enterrarlos.

El fiasco del tranvía fue originado por su defectuosa infraestructura, diseñada y contratada por el Ayuntamiento y el Estado, y que adolecía de fallos derivados de la falta de experiencia. Lo ocurrido estará algo más lejano en el 2024, cuando debe renovarse el mucho más complejo servicio del bus urbano para el que se están planteado otras soluciones, como que María Pita asuma su gestión directa en lugar de una empresa del sector.