Su batalla por el reconocimiento llega a Madrid. La plataforma impulsada desde A Coruña entregó 40.000 firmas al ministro Salvador Illa
08 oct 2020 . Actualizado a las 10:28 h.El mes pasado, aun a pesar del coronavirus, el Ministerio de Sanidad fue escenario de un encuentro que, casi con toda seguridad, no se habría producido sin el empeño de un colectivo que encontró en el Chuac un ariete. Los técnicos sanitarios, reunidos en una plataforma a nivel nacional impulsada desde A Coruña, se plantaron ante el ministro y lograron que, al menos, se reconociese verbalmente que su situación es irregular y supone un agravio comparativo con respecto a otras profesiones vinculadas al mundo sanitario y social.
«Nos reconoció que el colectivo está abandonado por la Administración y nos dijo que van a intentar solucionar el problema», explica Susana Rivera desde el Chuac, portavoz del colectivo. ¿Y cuál es su problema? «Somos personal cualificado, tenemos una titulación, y se nos maltrata porque no se nos reconoce ni se nos paga, cobramos lo mismo que un celador o un pinche, cuando unos técnicos tienen 2.000 horas lectivas y otros 1.500, y todo porque no tenemos la categoría profesional reconocida». «Somos miles», advierte.
En su caso, pertenece al colectivo de técnicos en cuidados de enfermería, las que se siguen llamando auxiliares, más de 9.000 solo en Galicia. «No somos auxiliares de nadie, nuestro trabajo no es auxiliar, damos cuidados básicos, somos autónomas, tenemos unas competencias y realizamos unas funciones que no figuran en ninguna parte», insiste.
Miles de titulados
Similar problema afecta a otros colectivos y de ahí que la coordinadora nacional abandere la pelea de los técnicos sanitarios C1 (de grado medio en farmacia, ayuda a personas en dependencia, emergencias sanitarias y cuidados de enfermería) y B (técnicos superiores de anatomía, laboratorio, radiodiagnósticos, análisis clínico y documentación sanitaria). Su lucha viene larvándose desde hace ya 13 años y reclama, además, la derogación de una disposición transitoria del Estatuto Básico del Empleado Público que bloqueó su correcta clasificación profesional y, en consecuencia, su reconocimiento salarial. «No pedimos nada injusto, solo que se cumpla la ley», insiste Rivera, que recalca que «no se trata solo de dinero, sino de dignidad profesional».
La presión del colectivo, que se extendió por toda España y entró a formar parte de las reivindicaciones sindicales, se tradujo desde hace un par de años en movilizaciones y reuniones con los grupos políticos, en las distintas escalas de gobierno, hasta que el tema se trató en la comisión de sanidad del Congreso. Pero llegó la pandemia.
Superado el primer pico de la crisis sanitaria, reactivaron su lucha y al ministro que llegaron. «Confesó que somos personal básico, y se comprometió a impulsar grupos de trabajo», explica Rivera sobre el encuentro con Illa. Uno de esos equipos tendrá carácter técnico para la ordenación de la Formación Profesional, otro será institucional y pivotará en torno a las comunidades, que tienen transferidas las competencias, y un tercer grupo social contará con representación de todos los sindicatos estatales.
Trescientos euros al mes
A Salvador Illa «le explicamos que ya había habido mejoras en otras mesas de la función pública para otros profesionales, y que nosotros queremos un compromiso de la Administración, y una partida específica en los presupuestos del Estado para que la reclasificación sea un hecho», insiste la portavoz. En la práctica, para ellos puede suponer «unos 300 euros al mes» en el sueldo.
Su argumentario incluye que, sobre el papel, los técnicos de enfermería, por ejemplo, «tenemos funciones del año 1973 y es un fraude, nuestro currículo formativo es del 95». «Seguimos con la medalla de la auxiliar colgada cuando somos personal técnico y autónomo», insiste ante lo ilógico de que no se haya actualizado, como sí ha sucedido con otros grados. «Somos el colectivo más pegado al paciente, estamos en todas las áreas de la sanidad, pero no estamos reconocidos en ningún sitio», lamenta. Rivera advierte además que esta situación «incumple todas las normativas europeas» y recuerda que, en la actualidad, «nos exigen unos estudios que luego no reconocen», de forma que los técnicos superiores, equiparables a los graduados universitarios, «están valorados como si fueran grado medio, y los de grado medio como si no tuviéramos estudios».
Con ese arsenal de razones, al ministro Illa «le dimos de plazo hasta que lancen los presupuestos», en los que confían que se incluya una propuesta de elevado coste, para lo que el propio colectivo propone un pago progresivo en cuatro partidas. «Es bastante gasto porque afecta a mucha gente, pero es un dinero que ya se nos debe», concluye.