El juez da luz verde a los dueños para derribar el edificio de la Citroën en A Coruña

La sentencia hace referencia en dos ocasiones a las «contradicciones» de la concejalía de Rexeneración Urbana, que «parece pretender proteger y demoler simultáneamente edificio»


a Coruña / La Voz

El Juzgado de lo Contencioso número 4 de A Coruña ha emitido una sentencia en la que «declara concedida la licencia de demolición» del edificio número 117 de la avenida de Oza, el antiguo concesionario de la Citroën, que el gobierno local ha incluido entre los edificios a proteger en la última reforma del plan general.

El dictamen también obliga al Ayuntamiento a pagar las costas de los recurrentes, que fueron representados por el despacho Talín-Ferreiro, hasta 700 euros.

La sentencia hace referencia en dos ocasiones a las «contradicciones» de la concejalía de Rexeneración Urbana, que «parece pretender proteger y demoler simultáneamente el edificio». Los trámites de esos dos procedimientos se desarrollaron, insiste la jueza, al mismo tiempo.

La licencia para derribar el inmueble fue solicitada el 12 de mayo del 2016. Pero los expedientes no se movieron durante meses y en septiembre, cinco meses después, los propietarios presentaron un escrito en el que, de acuerdo al tiempo transcurrido, solicitaban que se certificase el acto administrativo. Entonces el expediente empezó a moverse. El 13 de septiembre recibió informe favorable de la arquitecta técnica municipal, y después de la jefa de departamento de Licencias y Disciplina Urbanística y del jefe de servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística. Esos informes favorables, y la propuesta de acuerdo para otorgar la licencia, recibieron el visto bueno del director de Rexeneración Urbana y del concejal responsable de esa área, Xiao Varela, en noviembre del 2016.

Al mismo tiempo se gestionó el cambio en el catálogo para proteger el edificio. El grueso de esos trámites se desarrolló entre octubre y diciembre del 2016, dentro de la misma concejalía y también bajo supervisión de Varela,

El gobierno no llevó a pleno la suspensión de licencias en los edificios a proteger hasta el 12 de diciembre del 2016. En base a ese acuerdo, el oficial mayor dictó un informe contrario a la concesión de la licencia, que tres días después iba a junta de gobierno. En base al informe, ese órgano decidió devolver el expediente.

Pero a esas alturas, señala la sentencia, la licencia de demolición ya estaba concedida. Lo estaba desde el 12 de agosto por silencio administrativo. El acuerdo de suspensión no estaba vigente entonces, y no es posible aplicarlo de manera retroactiva, afirma el dictamen.

La defensa del Ayuntamiento no rechazó que la licencia «se entendiese concedida» por silencio de la Administración. La magistrada señala además que «todos los informes emitidos por los técnicos municipales son favorables a la licencia», y ninguno hace «referencia alguna» a las gestiones que se hacían al mismo tiempo para catalogar el edificio.

La sentencia, que llega unos días después de que otro juzgado anulase la decisión del gobierno local de declarar caducada una licencia Náutica, es recurrible.

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