Las 27 familias tratan de recuperar 1.233.000 euros que adelantaron para la compra
22 ene 2016 . Actualizado a las 10:07 h.La bautizaron como Residencial Finisterre pero hasta ahora nadie ha podido residir en este bloque de viviendas. Están en el lugar de A Moura, fueron promovidas por Proinsa y la constructora era Teconsa. Un grupo de familias adelantó dinero, en muchos casos todos sus ahorros, con la esperanza de poder disponer un día de una de estas viviendas. Era la habitual compra sobre plano. Han pasado unos ocho años desde entonces y estos compradores no tienen ni las viviendas ni el dinero que adelantaron. Por ello, 27 de estas familias han demandado a Caja España «a fin de que esta sea condenada a pagarles una cantidad de dinero igual a la que en su día aportaron a Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, S.A. (Proinsa)», explica Jaime Suárez, letrado y socio de Majavilan Abogados. Estas son la mitad de las familias afectadas y la cantidad que piden es de 1.233.00 euros, con aportaciones que están entre los 20.000 y 50.000 euros, según indicó una de las afectadas.
Según detalla este abogado «los demandantes denuncian que Caja España otorgó una póliza global de avales a fin de garantizar la devolución de su dinero y que, de forma dolosa, luego se negó a emitir avales individualizados para intentar eludir sus responsabilidades».
Otro de los argumentos que incluyen en dicha demanda, que ha sido presentada en los juzgados de primera instancia de Madrid, donde tiene el domicilio social de la entidad demandada, es que la misma «autorizó indebidamente la apertura de cuentas bancarias a nombre de Proinsa, sin que esta contase con más garantías que las otorgadas por Caja España».
La mencionada promotora «se encuentra en quiebra absoluta e imposibilitada para poder devolver a estas 27 familias su dinero», indican desde dicho bufete.
Además, en el 2009 la constructora quebró, entró en concurso de acreedores y dejó en la calle a 577 trabajadores en toda la Galicia. Era a finales de ese año cuando los responsables de la promotora les habían dicho a los compradores que podrían tener las llaves de sus viviendas.
La preocupación por lo que iba a ocurrir atrapó entonces a las familias. Aquella preocupación se convirtió en sobresalto cuando en marzo del 2012 un grupo de exchabolistas de Penamoa empezó a okupar las viviendas. «Cuando les den las llaves a los compradores, nos iremos», decía entonces uno de los okupas, mientras limpiaba los cristales del piso en el que acaba de meterse. Mientras el gobierno local aseguraba que no podía hacer nada para desalojar a los okupas y evitar que, con el efecto llamada, otros fueran entrando en los pisos, tanto Proinsa, filial de la constructora Teconsa, como Caja España presentaron las correspondientes denuncias ante la Policía Nacional. Meses más tarde, en mayo, tras una serie de gestiones y de la advertencia de la jueza a los okupas de que entraría la policía a desalojarlos, todos ellos abandonaron los pisos dejando detrás numerosos daños.
Este mes cambió la ley por la que solo un bufete recuperó 300 millones de 7.000 afectados
Una de las afectadas por la situación de las viviendas de A Moura contactó con Majavilan Abogados, un despacho especializado con sede en Madrid. Estaba sorprendida por la resolución de algunos casos que había visto en prensa y en los que personas que habían comprado pisos sobre plano, habían podido recuperar su dinero cuando las promociones habían fracasado. Uno de los letrados de dicho despacho, Jaime Suárez, indicaba ayer que el despacho «ha defendido ya a más de 7.000 familias de toda España, recuperando cerca de 300 millones de euros, en procesos judiciales similares» al que han emprendido ahora este grupo de familias coruñesas.
Según Suárez, «el mundo de las promotoras y también de las cooperativas de viviendas ha dejado a miles de familias españolas en la calle, sin viviendas y sin los ahorros de su vida, pero los Tribunales han estado a la altura de las circunstancias y han aplicado con gran rigor y acierto la Ley 57/1968, una norma con marcado carácter tuitivo que protege este tipo de inversiones a favor de los ciudadanos».
Sin embargo, a principios de este mes de enero dicha ley ha cambiado, en opinión de dicho abogado por presiones de las entidades bancarias, si bien el cambio solo afecta a las personas que a partir de ahora adelanten dinero para la compra de una vivienda en plano. También apunta que las de éxito en este tipo de procesos «son más que considerables» dado que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado, por unanimidad, varias sentencias favorables. El proceso suele tardar un año.