El gobierno local empieza a suscribir un tipo de contrato que criticó en la oposición
25 ago 2011 . Actualizado a las 11:47 h.El dedazo. Así se referían durante los meses previos a las elecciones los concejales del PP, entonces en la oposición, a lo que entendían como un abuso del anterior gobierno local a la hora de adjudicar obras públicas mediante procedimientos negociados sin publicidad, un tipo de contratos que limita a un número determinado de empresas, generalmente tres, la presentación de ofertas y que impide al resto del sector a presentar ofertas. Una práctica que, siempre según los populares, encareció el coste de las obras y benefició a un ramillete de empresas que situaban en la órbita de los anteriores responsables municipales.
La polémica alcanzó tal punto que el PP llevó a la Fiscalía, en vísperas de los comicios de mayo, toda la documentación de las adjudicaciones del anterior gobierno local, que defendía su gestión asegurando que la ley permite adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad cualquier obra de importe inferior a los 200.000 euros o servicios por importe menor a los 60.000. Además, el anterior alcalde, Javier Losada, había cuestionado que los populares pusieran en duda decisiones que tomaban, con carácter puramente técnico, los funcionarios públicos.
Sin embargo, ahora ese precepto legal es al que se acoge el nuevo gobierno popular para adjudicar contratos con el procedimiento que antes criticaba.
Dos casos
Según el perfil del contratante que se puede consultar en la web del Ayuntamiento coruñés, desde la llegada al poder del Partido Popular se han licitado al menos dos contratos públicos mediante procedimiento negociado sin publicidad.
El primero, se llevó a cabo a finales de junio, dos semanas después del traspaso de poderes, para el suministro de uniformes de verano con destino al personal de servicios internos, con un presupuesto de licitación de 32.000 euros, y otro esta misma semana, para el saneamiento de la cantera de Eirís con cargo al Plan de Obras y Servicios provincial, por un importe global de 102.190 euros.
En este caso, pese a no haber obligación de publicitar el contrato, el pliego de condiciones sí aparece en la página del Ayuntamiento en Internet, una publicidad que no se le dio al primero de los expedientes.