Las negociaciones entre Xestur, la empresa pública que gestiona el polígono de Morás, y la unión temporal de empresas (UTE) que lo construye parecen no tener fin cuando se va a cumplir un mes de la paralización de las obras y dos desde que los trabajos van «al ralentí». Se trata de un tira y afloja entre ambas partes mientras la Xunta no se cansa de decir que se están «aproximando posturas». Lo que parece innegociable es que la UTE, formada por Puentes y Calzadas y Daviña, debe retomar el ritmo de las obras. Así se lo ha exigido el Gobierno gallego, pero lo cierto es que todavía no hay fecha para negociar los «desencuentros económicos» entre empresa y Xunta.
La cifra de la discordia asciende a cerca de diez millones de euros. Al menos, eso es lo que exige la UTE para la finalización de las obras. Pero la Xunta ya anunció que no está dispuesta a pagar. Reconoce la Consellería de Infraestruturas que el coste del polígono se ha incrementado por una serie de imprevistos, entre ellos, la presencia de un gasoducto, una línea de alta tensión y el desdoblamiento de la AC-551, pero insiste en que no cederá a «ningún tipo de chantaje» y considera vital que la UTE retome las obras. También dice que no pagará «ni un euro más» del coste real.
Uno de los problemas que subyace en este conflicto es la concesión de obras por debajo de su coste, lo que se conoce como bajas temerarias. Sobre este aspecto, la Xunta explicó que en Morás la obra se licitó por 45 millones, mientras que el bipartito la adjudicó por 28 millones, un 37 % menos. Considera que este hecho es un «lastre» porque genera problemas en la obra y explica que ya ha tomado cartas en el asunto: «No se aceptan ofertas que supongan un recorte de más del 5 % con respecto a la media de las presentadas».
Por otra parte, los trabajadores de Iso Chemitec y Chemigum se manifestaron ayer delante de las oficinas de Xestur contra una orden de desalojo que les obliga a abandonar las naves, que se asientan en los terrenos de Morás.