Pero, ¿y los jueces?


Cee

Solo logro recordar tres ocasiones en las que la Costa da Morte abrió los informativos de todas las televisiones, y las tres por lamentables sucesos que, al final, terminaron evidenciando un funcionamiento tercermundista de algunas de nuestras instituciones públicas más hegemónicas.

La primera fue en diciembre de 1987, con el embarrancamiento del buque Casón, la muerte de 23 tripulantes chinos y la explosión, cinco dias más tarde, de una presunta carga tóxica que provocó una alarma social sin precedentes y obligó a aquella evacuación caótica y descontrolada de 15.000 vecinos de la comarca de Fisterra.

Salimos por segunda vez en todos los telediarios en noviembre de 2002, por el accidente del petrolero Prestige, que vertía “hilillos de plastilina” y lo enviaron “al quinto pino”, causando, al final, una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación.

Y la tercera el 31 de enero de 2011, cuando irrumpieron en la apacible Costa da Morte una docena de furgones policiales cargados con más de medio centenar de agentes armados. Parecía un impresionante dispositivo antiterrorista, pero no lo era: era la Operación Orquesta. El objetivo del espectacular despliegue policial era realizar registros simultáneos en tres ayuntamientos, en domicilios y también en despachos particulares para requisar documentación comprometida antes de que pudiera ser manipulada o destruida. Detuvieron y aislaron en calabozos a 3 alcaldes y a otros 5 ciudadanos, todos ellos personas honorables y de impecable reputación hasta ese momento.

Malaya, Gürtel o Pretoria

La Operación Orquesta nace en diciembre de 2009 dirigida por el Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Corcubión, Andrés Lago Louro  y el Inspector Jefe, Jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-Coruña) en aquellos tiempos.

Después de un año entero hurgando en la vida íntima de muchos vecinos de la comarca mediante pinchazos telefónicos, e interpretando fantasiosamente las conversaciones grabadas, los investigadores parecen convencidos de que van a desmantelar una inmensa trama de corrupción política, similar a las que vemos a diario en los telediarios de esa época: Malaya, Gürtel o Pretoria. Nuestra organización criminal tiene ramificaciones por toda la Costa da Morte y está formada por casi una treintena de presuntos delincuentes que cometen todo tipo de gravísimos delitos contra la Administración pública.

El año de pesquisas culmina con la deslumbrante intervención policial del último día de enero de 2011. A partir de ahí, en medio de una extraordinaria expectación mediática, el juez se pasa más de dos años estudiando minuciosamente el caso de su vida, analizando toda la documentación requisada, las declaraciones de investigados y testigos, los movimientos bancarios y patrimoniales de los principales implicados y todo tipo de detalles que aportarán las pruebas necesarias para apuntalar las graves acusaciones vertidas contra los imputados en el sumario.

Pero no parece que todo ese ingente esfuerzo fuese muy fructífero, porque unos días antes de cambiar de destino, el 11 de abril de 2013, el juez cierra la instrucción haciendo un sorprendente “copia y pega” de la argumentación y de los clamorosos errores del fantasioso auto inicial del 2011. Así fue para todos los imputados excepto para uno, un funcionario honesto y de intachable conducta, que trabaja en los Juzgados de Corcubión y que conoce mejor que nadie las interioridades de esa casa.

La Audiencia Provincial, sin entrar ni siquiera en el fondo de la cuestión, anula categóricamente ese auto y lo devuelve al Juzgado de Corcubión para que, por una parte, separe el caso aisladamente por Concellos, porque no existe ninguna “trama” como defiende el instructor; y, por otra parte, para que se le diga a cada imputado por qué se le acusa concretamente, porque la Audiencia aprecia en el auto del juez “falta de motivación”.

Cuando llega a Corcubión la orden de la Audiencia, el instructor responsable ya está en otro destino y los nuevos investigadores a los que les va rebotando el caso, tienen que enfrentarse desde cero a un infumable sumario de miles y miles de folios. Nuevos jueces, traslados del sumario a otros juzgados, providencias, autos, alegaciones, recursos, inundación de archivos... años, años, y más años.

A día de hoy desconocemos la cantidad exacta de millones de euros que nos costó a todos los contribuyentes la Operación Orquesta, pero sabemos que de aquellos 27 presuntos delincuentes que formaban parte de una organización criminal en el año 2011, ahora, en el 2019 -¡ocho largos años después!- todos, ¡absolutamente todos!, son completamente inocentes.

Hasta finales del año 2018 se van juzgando por separado los casos de Fisterra, Corcubión y Mazaricos, utilizando como principal prueba de acusación las escuchas telefónicas y la documentación requisada en los registros. Los tres casos se resuelven, uno detrás de otro y con distintos jueces, con sentencias de inocencia sin matices para todos los encausados. En marzo de 2019 se inicia el juicio oral a los 6 últimos investigados del Ayuntamiento de Cee y como traca final del epílogo del esperpento judicial descubrimos atónitos que todas las escuchas telefónicas en las que se sostenía la Operación Orquesta, además de vulnerar la intimidad de multitud de personas inocentes, aún por encima eran ilegales y nulas de pleno derecho.

Martirio judicial y mediático

Supongo que no es necesario describir las cicatrices físicas, síquicas, sociales y también económicas que produce un martirio judicial y mediático injusto, infligido durante mucho tiempo a ciudadanos honrados, a los que al final del proceso ni tan siquiera se les pide perdón.

También resulta muy inquietante constatar que en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, tanto en la Operación Orquesta como en otros casos similares, el fervor informativo que durante años propaga, adorna y da por ciertas las acusaciones del sumario contra investigados inocentes, se convierte al final del fallido procedimiento judicial, en un sepulcral silencio editorial sobre el asunto. Es increíble que después de más de 40 años de democracia nadie se atreva a cuestionar en público lo que todo el mundo se pregunta en privado: ¿Cómo es posible que pase esto en un país que no es una república bananera?, ¿Quién responde de los gravísimos errores cometidos?, ¿Cuánto dinero público se dilapidó en estos 10 años de reality?, ¿Cómo se limpia la imagen difundida a toda España de una Costa da Morte retrasada y corrupta?...

Pero aún más decepcionante, para los que nos gustaría confiar en nuestro caduco sistema judicial, es observar que los principales responsables del desaguisado crecen profesionalmente sin que se les haga ni el más mínimo reproche social, laboral o penal, sino más bien todo lo contrario.

El instructor es ahora magistrado y además decano de los Juzgados de Santiago. Justo un año después de concluir su memorable actuación en la Operación Orquesta, aparece en los medios como responsable de un proceso judicial que quizás sea el más delicado en la historia de la Justicia gallega: el accidente del tren Alvia, en el que murieron 81 personas el 24 de julio de 2013. El juez, en octubre de 2015, cerró la instrucción del caso imputando, solo y exclusivamente, al maquinista del tren y provocando una profunda indignación en la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. La Audiencia Provincial no lo consintió y le devolvió el auto al juzgado. La segunda vez, en diciembre de 2018, el magistrado imputó también, además de al maquinista, a un alto cargo de Adif, al que antes había exculpado… En la actualidad el procedimiento judicial continua su recorrido y se intuye que su final aún está muy lejos.

La última vez que vi al policía en prensa, fue en una foto del registro del ayuntamiento de Ferrol en enero de 2012, en la Operación Torre. Si, aquel otro espectacular gatillazo judicial en el que fundamentalmente se acusaba a unos empresarios de inflar sobre un 20% todas sus facturas a la Administración municipal, con la complicidad de técnicos y políticos. Imputaciones, dimisiones, sospecha social, presión mediática... Más de dos años tardó nuestro Estado de Derecho en percatarse de que las facturas deben de llevar IVA.

En fin... ¡Es lo que hay! Y todo esto sucede en procedimientos con una gran repercusión mediática, que se presupone que son tratados con especial cuidado. No quiero imaginarme qué cosas bochornosas pueden estar pasando en casos anónimos que no salen en los periódicos. En una democracia sana ningún colectivo disfruta de privilegios corporativos que no son tolerables en pleno siglo XXI, y todo profesional que en el ejercicio de sus funciones comete un error que perjudica gravemente a terceras personas inocentes, se sienta en un banquillo de la jurisdicción penal sin ningún tipo de aforamiento: un maquinista que descarrila un tren por una distracción, un arquitecto por un accidente laboral en una obra, un médico por un diagnóstico equivocado con graves secuelas para el paciente... Pero, ¿y los jueces?

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