Estos días salen a la luz noticias relacionadas con determinados edificios cuya construcción quedó incompleta o paralizada como consecuencia de la crisis. En la mayoría de los casos, o bien pertenecen a entidades bancarias, o bien son de sociedades que se encuentran en situación de concurso de acreedores, y por tanto sometidos al gobierno de los administradores concursales designados por los juzgados correspondientes.
El resultado es que en la práctica nadie asume la responsabilidad que, con arreglo a la ley, le corresponde. Y esa falta de control trae consigo el deterioro progresivo y el abandono de unos edificios situados muchas veces en el centro de las ciudades.
Y si a todo ello se suma ese espíritu vandálico que desgraciadamente afecta a ciertos ciudadanos (si podemos llamarles así) pues tenemos el caldo de cultivo para los incidentes a que nos referíamos al principio, incluidos ahora hasta incendios en el interior de los edificios, como ocurre en Carballo desde hace una semana.
Las preguntas que se hacen los vecinos ante estos hechos son obvias. ¿No es posible exigir la actuación inmediata de los titulares de los inmuebles para hacerse cargo de la conservación de tales edificios? Y si ello no fuese posible ¿No puede la Administración actuar subsidiariamente para tratar de evitar el riesgo para la seguridad y salud pública que supone el citado abandono?
Con respecto a lo primero claro que es posible. Pero sucede que en nuestro país hoy en día lo del cumplimiento de la ley parece hasta una broma cuando, por ejemplo, vemos que las autoridades de una comunidad autónoma desobedecen las decisiones de los más altos órganos judiciales de nuestro país y no sucede absolutamente nada, o incluso se buscan razones para justificar el incumplimiento.
Y con respecto al segundo aspecto, es cierto que los ayuntamientos pueden adoptar medidas de actuación ejecutiva ante situaciones puntuales de emergencia, pero es más dudoso que lo puedan hacer para actuar sobre la propiedad privada (para vallar los inmuebles como pretende hacerlo el Concello de Carballo) sin la necesaria autorización judicial. Y ya sabemos que la justicia al final la habrá, pero la rapidez no es precisamente su atributo más destacado.