El alcalde desacredita al arquitecto municipal que lo denunció
04 jul 2014 . Actualizado a las 07:08 h.La imputación del alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo, y de su segundo en el gobierno municipal, Fernando Mancebo, por un presunto caso de falsedad documental, es un nuevo capítulo dentro del irresoluble conflicto asentado en la localidad.
¿Qué aporta de nuevo?
La diferencia radica en que ahora el denunciante es un funcionario, el arquitecto municipal, Julio Vázquez. Para el alcalde eso no supone novedad alguna porque considera a Vázquez «unha peza da estratexia política dos opositores que plantexaron a moción de censura». En cambio, los concejales críticos defienden la imputación como la prueba del modo de actuar despótico e incluso «ditatorial» del gobierno del BNG que no les afecta solo a ellos sino también a los trabajadores y los vecinos.
¿Por qué desacredita Antelo la posición del funcionario municipal?
Dice que únicamente lo denuncia a él para «enmascarar as corruptelas que se practicaron co anterior gobierno municipal». Recuerda que fue el director de la obra de la Casa da Cultura con un sobrecoste de 800.000 euros por el que está imputado, que informó favorablemente la licencia de una nave de la empresa Rodríguez Lema en suelo rústico y que se siguen contra él varios procedimientos en los Juzgados de Corcubión por supuestos «cobros ilegais, delitos contra a ordenación do territorio, falsedade documental, prevaricación, suborno,... además del expediente disciplinario que tiene incoado en el Concello y que está siendo instruido por un funcionario externo.
¿A qué hechos responde esta denuncia?
La construcción del cementerio vecinal de Salto y la tala de un árbol necesaria para las obras. El alcalde asegura que lo único que hizo fue conceder una licencia tramitada por el gobierno anterior y en base a informes técnicos favorables que no realiza ni él ni ninguno de sus compañeros. Recuerda que el arquitecto estaba presente «asumindo plenamente o seu informe, como así consta nas actas». Sin embargo, Vázquez denuncia que las firmas que figuran en los documentos no son suyas con lo considera que hubo una presunta falsificación. Además, incluye otros asuntos polémicos como el camino de Reboredo, la presunta ocupación de un terreno público en Padreiro o el acoso laboral al que dice que fue sometido por el regidor. El juez lo que reclama es la declaración de Antelo y Mancebo para las 10.00 horas del próximo día 9 de septiembre, varios expedientes municipales y el atestado de los agentes del Seprona, en relación con el asunto del cementerio.
¿Será esta la última imputación?
En esto coinciden ambas partes, los concejales promotores de la moción de censura, quienes consideran que se trata solo de los primeras causas de las muchas que tiene abiertas el alcalde por vulnerar derechos de los ediles, los funcionarios y los vecinos. El regidor también cree que llegarán más porque es la consecuencia lógica de las denuncias penales interpuestas en su contra, aunque considera que todas tienen un mismo origen e intencionalidad que no es otra que derribarlo. De ahí, que, al menos en el caso del arquitecto municipal, ya anuncia que en cuanto el juzgado sobresea definitivamente estas diligencias se querellará contra el funcionario por denuncia falsa.
¿Qué opina el sindicato de los funcionarios?
La Central Independiente y de Funcionarios CSI-F emitió ayer un comunicado en el que insiste en que «no se puede judicializar la vida municipal» pero reitera que no va «a permitir que se ponga en duda la profesionalidad de todos y cada uno de los empleados, funcionarios y personal laboral del Concello de Vimianzo. El alcalde se pregunta si eso incluye «avalar irregularidades».
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