La familia demanda al Concello la legalización de la cuarta planta
15 ene 2014 . Actualizado a las 07:10 h.Con fecha de ayer entró en el Concello de Malpica un escrito de Dolores Suárez Novo, copropietaria del edificio cuya cuarta planta tiene orden de demolición e incluso fecha para ella: el viernes, a las 09.30 horas. En el documento, que también fue remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la familia solicita la legalización del piso con orden de derribo, y ello al amparo del proyecto redactado por el arquitecto Alberto Peris Caminero. «Se hace constar que si bien el proyecto es antiguo, desde el punto de vista urbanístico resulta plenamente aplicable, ya que nada ha cambiado en las normas subsidiarias del planeamiento municipal al respecto», argumentan.
Manifiestan en el documento presentado ayer que, en base a ese plan, la «práctica totalidad» de la cuarta planta del inmueble sería legalizable, siendo necesario demoler «tan solo una pequeña parte para ajustarse a la legalidad». Esto, esgrimen en el escrito, permitiría al Concello malpicán acordar la legalización en los términos propuestos, «sustituyendo la obligación de demolición de toda la planta por la porción que se detalla y a continuación solicitar a la sala de lo contencioso del TSXG la declaración de inejecución de sentencia».
Al mismo tiempo que demandan la legalización de la cuarta planta, la copropietaria pide la suspensión de la demolición del viernes: «Se ha de tener en cuenta que lo procedente es acordar con carácter previo lo que proceda sobre la legalización interesada», hacen constar. No significa esto que pidan la suspensión de la ejecución, sino la paralización del derribo previsto en unos días, con el fin de que el tribunal decida primero si la proposición de legalización resulta o no viable.
Este documento de la familia, que ayer se quejó de la «falta de voluntad política do Concello, porque ser é legalizable», llega tras un largo proceso en el que ya parecía agotada toda posibilidad de recurso. El alcalde, Eduardo Parga, quien ayer admitía por la mañana en Radio Voz Bergantiños que al Concello no le queda otra que ejecutar una sentencia que es firme, explicaba por la tarde que ha remitido el escrito a los abogados del Ayuntamiento, para que lo estudien. Confía en que le digan algo hoy. «En todo caso, non é o Concello o que paraliza a execución nin o que decide a legalización: iso teno que facer a Xustiza», apuntó. «Dictamina o TSXG, pero oxalá entenda que debemos parar isto», dice Parga, apesarado «porque non hai ningún alcalde ao que lle guste tirarlle a vivenda aos veciños». La única solución sería que la demolición se pare judicialmente.
Los dueños esgrimen que solo sería necesario demoler «una pequeña parte»