2000: El golpe de Greenpeace a la deforestación

En su anterior visita al mar de Arousa, la organización ecologista consiguió, tras una acción espectacular, una sentencia ejemplar de Taín y que varias firmas cancelasen la importación de madera africana ilegal


REDACCIÓN / la voz

En estos momentos, el Rainbow Warrior III navega hacia Galicia. Consumado el desencuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, el buque insignia de Greenpeace se plantea fondear en la ría de Arousa y utilizar alguno de los muelles del puerto de Vilagarcía desde el que poder desarrollar durante seis días su programa de concienciación acerca del cambio climático. La última palabra está en manos de los responsables portuarios de la capital arousana. La iniciativa, repleta de jornadas de puertas abiertas, mesas redondas y música a bordo, ofrece a la ciudad la oportunidad de colocarse en el mapa mundial de la lucha por el medio ambiente y de albergar el mayor símbolo planetario del ecologismo activo durante una semana. Barcelona y Málaga, entre otros puertos de ocho países europeos, ya lo han hecho. Pero, más allá de las expectativas sobre las miles de visitas que el velero puede atraer, una escala de Greenpeace nunca es una escala sin más. Hace 19 años, en su última arribada al mar de Arousa, la organización desplegó una acción espectacular que dio frutos concretos a la hora de frenar la importación de madera tropical talada de formal ilegal y, con ella, la deforestación de los bosques africanos.

En aquellos momentos, España era el primer mercado europeo de madera tropical aserrada, y Vilagarcía, uno de los puertos que recibía asiduamente este tipo de mercancía. El 13 de julio del 2000, el mercante Ranger I aguardaba la marea para atracar en el puerto arousano con seis mil toneladas procedentes de Camerún en sus tripas. A las siete de la mañana, cuatro escaladores de la organización ecologista, que viajaban a bordo del MV Greenpeace, abordaron el buque y comprobaron que los troncos habían sido facturados por la compañía libanesa Societé Forestière Hazim. Mientras, un quinto voluntario se encadenaba al ancla del Ranger I, impidiendo que maniobrase. Este hombre, un joven inglés, fue relevado a las tres de la tarde por dos activistas gallegos, Marcos López y Adriana París, ambos de A Coruña.

Un bloqueo de dos días

La Guardia Civil los desencadenó cuatro horas más tarde, permitiendo que el mercante arribase a los muelles de Vilagarcía. Pero los cuatro escaladores seguían a bordo, y lograron bloquear la descarga de la madera durante dos días. Con aquella acción, réplica de las que había desarrollado en Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Japón y Portugal, Greenpeace consiguió que el entonces ministro español de Medio Ambiente, el hoy denostado Jaume Matas, se comprometiese a tomar cartas en el asunto.

Existían buenas razones para ello. Un simple paseo por la zona del puerto de Vilagarcía donde la madera había sido desembarcada fue suficiente para comprobar que, en efecto, la mercancía pertenecía a SFH y había sido talada en una explotación multada por el Gobierno camerunés a raíz de sus muchas irregularidades. Desde la extracción de ejemplares demasiado pequeños a la ausencia de un plan de gestión. Todo, en un continente, el africano, que a comienzos de siglo perdía su bosque tropical a un ritmo de 4,1 millones de hectáreas cada año.

La compañía arousana Maderas Redondo, una de las tres empresas propietarias de la carga que transportaba el Ranger I, rescindió de inmediato sus contratos con SFH, que en solo dos años esquilmó una concesión forestal que debía haber gestionado durante tres lustros. Para tomar nota. Cinco meses después otras cinco firmas españolas habían seguido su ejemplo.

El derecho a la protección

Con todo, lo más significativo estaba por llegar. Cuatro de los voluntarios que intervinieron en el bloqueo fueron denunciados y juzgados por desobediencia. En noviembre del 2001, días después de que Greenpeace llevase a cabo una intervención similar en el puerto de Marín, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Vilagarcía, Vázquez Taín, invocaba el principio de protección de la naturaleza para dar al traste con la petición de condena de la fiscalía y dar la razón a la organización ecologista.

Alguno de los fragmentos de la sentencia merecen ser recordados: «Una Justicia que no se basase en su aplicación [se refiere al precepto sobre la naturaleza, recogido en la Constitución española] dejaría de ser una ciencia al servicio del hombre». Como también la respuesta que dio Miguel Ángel Soto, miembro de Greenpeace España. Soto, que entendía que el dictamen judicial era digno de ser «difundido y estudiado en los centros de enseñanza», apelaba a un hombre nuevo para un tiempo nuevo: «Nuestro país demanda una nueva generación que cree riqueza a la vez que defiende los valores sociales y ambientales, capaz de cancelar contratos con las empresas señaladas por su pésima gestión forestal». 19 años más tarde, uno querría pensar que caminamos por fin esa senda.

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