Los jueces cometen errores y se equivocan a la hora de interpretar las leyes, dictando resoluciones no conformes a derecho que lesionan los intereses de quienes son parte en un procedimiento. Ello justifica la existencia de la segunda instancia y el derecho a recurrir en apelación, casación o amparo. Pero no es menos cierto que, a pesar de los numerosos errores judiciales, que provocan la revocación de sentencias o la nulidad de actuaciones, y que conllevan, a veces, que presuntos delincuentes queden en libertad, a los jueces responsables no se les juzga por prevaricación, porque cometer errores es inherente a la condición humana. Se justifica esta no actuación contra quienes erran dictando resoluciones injustas, en la falta de denuncia o querella contra ellos, requisito que sí ha existido en el caso del juez Garzón, olvidándose quienes esto sostienen que el delito de prevaricación es perseguible de oficio y que, por lo tanto, es exigible a los tribunales de justicia y al Ministerio Fiscal que actúen aunque no medie acusación particular. Y si esto es así, ¿cómo se explica que en esta desafortunada historia solo el juez Garzón fuera imputado, procesado y condenado por resoluciones al parecer no conformes a derecho, cuando también las asumieron y prorrogaron otros jueces que intervinieron en la causa, con el parecer favorable del Ministerio Fiscal?
La respuesta está en la personalidad del condenado. Garzón es un juez estrella, mediático, reconocido por su trabajo dentro y fuera del país. Un juez valiente, aunque cometa errores. Un juez con personalidad, aunque pueda pecar, en ocasiones, de cierta vanidad, ¿y quién no? Al juez Garzón, y en una institución tan corporativista como la judicatura, sus compañeros no le perdonaron su afán de protagonismo, como si de un delito se tratara. Escuché decir a Esperanza Aguirre que el fin no justifica los medios, y se atreve a proclamarlo quien miró para otro lado mientras desde su gobierno se espiaba a compañeros del propio partido que regían el ayuntamiento de la capital. Pero tiene razón: el fin, -darle una lección a Garzón-, no justifica los medios, -condenarlo por prevaricación-, siguiendo contra él una causa que nunca se inicia contra ningún otro miembro de su profesión.
Creo fervientemente en el Estado de Derecho, pero cuando observo las batallas intestinas que se libran en el Supremo, en el Constitucional o en el CGPJ, me entran serias dudas sobre la idoneidad de tan altos juzgadores, y no puedo evitar traer a la memoria la famosa maldición del gitano: «Pleitos tengas y los ganes».