La constatación de que el grupo del empresario leonés Martínez Núñez adeuda 59.184 euros al Concello de Vilagarcía por impagos relacionados con la gestión del párking de Xoán XXIII abre inquietantes interrogantes acerca de la forma en la que se ha velado por los intereses municipales en este controvertido episodio.
Para empezar, el canon que anualmente debe satisfacer la concesionaria a las arcas municipales asciende a 3.005 euros. Teniendo en cuenta que las instalaciones comenzaron a funcionar en el 2005, una simple calculadora es suficiente para comprobar que, como mucho, este capítulo ascendería a 18.030 euros. Es decir, únicamente la tercera parte de la deuda total reconocida, que asciende a 60.000 euros, correspondería al impago de este canon. Proinsa, por lo tanto, necesariamente ha tenido que incumplir compromisos económicos mucho más gravosos con el Ayuntamiento, que con probabilidad incluirán cualquier factura derivada del funcionamiento de las tres plantas del párking.
La fórmula, común por otra parte, empleada por la compañía para financiar las obras, merece una reflexión detenida para comprender los riesgos en los que la actividad constructiva ha caído una y otra vez durante la época feliz de las vacas gordas. Los trabajos de construcción del estacionamiento comenzaron en el 2003. La inversión prevista sumaba 2,2 millones de euros, una cantidad que evidentemente la firma leonesa no poseía. ¿Cómo obtuvo la mayor parte del dinero? Sencillo: hipotecando los derechos de explotación de las instalaciones durante 17 de los 50 años de vida de la concesión. Por esta vía consiguió 1,6 millones, es decir, el 72% del montante total. Desde que se concertó el préstamo han transcurrido casi siete años. A la vista de lo ocurrido, cabe preguntarse si la concesionaria ha pagado o no alguna de sus cuotas al banco.