A diferencia de lo que sucede en España, los funcionarios europeos no disfrutan de pagas extras, pero su ventaja es que no pagan impuestos. Además, se benefician de complementos extraordinarios en sus nóminas gracias a conceptos como la expatriación, que les reportan entre 600 y 1.000 euros mensuales en función de la distancia del centro de trabajo a su lugar de origen.
También pueden optar a ayudas para vivienda, la educación de los hijos y dietas para los gastos en los que incurren en los viajes que se ven obligados a realizar en función de su trabajo. También disfrutan de cobertura sanitaria para ellos y sus familiares directos, y cuando se jubilan con al menos diez años de antigüedad en las instituciones europeas, o con 63 años aunque no hayan cumplido ese requisito, reciben una pensión máxima equivalente al 70% del salario percibido en sus últimos doce meses de trabajo.
Hace unos meses, antes de que se celebraran las elecciones europeas, el Europarlamento cerró un acuerdo para igualar en 7.665 euros brutos al mes el salario de todos los eurodiputados, lo que representó una subida media del 75% -para los españoles fue del 110%-. También se acordó fijar un tipo fiscal único del 22%, que deja las percepciones netas de sus euroseñorías, dietas, gastos de viaje y otras percepciones al margen, en unos 6.000 euros limpios al mes.